La Ley de Modernización Laboral, aprobada este viernes por el Congreso, ha suscitado un intenso debate al reducir indemnizaciones, habilitar pagos salariales con bienes o servicios, permitir jornadas laborales de hasta 12 horas con un sistema de compensaciones y limitar el derecho a huelga, entre otros cambios significativos.
La Asociación Gremial de Abogados del Estado ha calificado esta ley como una violación a los derechos laborales, señalando que es inconstitucional. Roberto Álvarez, secretario adjunto del gremio, anunció a través de redes sociales que se presentará una acción judicial contra la reforma.
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha organizado movilizaciones a nivel nacional, con cientos de trabajadores protestando en diversas ciudades contra lo que consideran una reforma que perjudica a los empleados.
El gobierno argumenta que la reforma está diseñada para fomentar el empleo formal, facilitar nuevas contrataciones y reducir litigios laborales. No obstante, la CGT rechazó esta narrativa, afirmando que es "falso" que se promueva el empleo al disminuir derechos y al regresar a un marco legal arcaico.
El texto de la CGT resalta que esta nueva ley laboral viola principios fundamentales, como la progresividad de los derechos sociales y el principio protector del derecho del trabajo.
Adicionalmente, sindicatos docentes han llevado a cabo paros que han afectado el inicio de clases en más de la mitad del país, exigiendo aumentos salariales y rechazando la reforma laboral.
Este cambio en la legislación se produce en un contexto de crisis industrial, donde se estima que se han perdido alrededor de 300,000 empleos en los últimos dos años, de acuerdo con fuentes sindicales.
