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«Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú», dijo el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.
«Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México», agregó.
Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente José Jerí anunció en su cuenta X «que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar» el país.
México, por su parte, tildó de «excesiva y desproporcionada» la decisión peruana al señalar que el asilo a Chávez es un «acto legítimo (…) y apegado a derecho internacional» que no interviene «en modo alguno» en los asuntos internos de Perú.
Chávez sostiene que «ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023», indicó la cancillería mexicana en un comunicado.
Resaltó además que su asilo cumple con la Convención de Caracas sobre la materia, la cual establece que el Estado otorgante es «el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra» del solicitante.
– Relación deteriorada –
México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes lo concedió a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.
Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello ambos países retiraron a sus embajadores.
Pese a la crisis política, Perú y México mantuvieron su comercio bilateral.
Chávez estaba siendo enjuiciada junto con Castillo por el presunto delito de rebelión, desde marzo de 2025. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el plan de Castillo.
Chávez es procesada en libertad mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.
– Expresiones inaceptables –
El canciller peruano De Zela indicó que «la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político».
«Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México», enfatizó el jefe de la diplomacia.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin respaldo militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
«Nunca me levanté en armas», ha invocado siempre Castillo, al indicar que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.
