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La ley 26.737, sancionada en 2011, fue el resultado de un sólido consenso social y político, buscando frenar el proceso de extranjerización y concentración de tierras iniciado desde la dictadura cívico-militar. Esta legislación establece límites claros para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, prohibiendo la compra de terrenos estratégicos, especialmente aquellos con fuentes de agua dulce o ubicados en zonas fronterizas. Sin embargo, el gobierno actual ha comenzado a desdibujar estas protecciones.
El próximo 16 de julio de 2026, el Senado se encontrará en una encrucijada: facilitar el remate de tierras argentinas al “mejor postor”. Esta acción, calificada como un delito de traición a la patria según el Código Penal, plantea graves implicaciones para la soberanía nacional. No se trata solo de un acto aislado; el camino hacia la flexibilización de la ley comenzó con el ex presidente Mauricio Macri, quien, a través del decreto 820/2016, permitió un nuevo auge de la extranjerización.
Desde 2017, la situación se ha agravado en provincias como Río Negro, donde se han establecido nuevos actores extranjeros, provenientes del Golfo Pérsico, que eluden la ley mediante estructuras jurídicas fraudulentas. Las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Qatar encubren un claro intento de entregar recursos estratégicos argentinos, como el litio y el agua.
Las comunidades indígenas y la ley 26.737 son los mayores obstáculos frente a esta arquitectura de entrega. Más de 70.000 hectáreas ya han sido adquiridas por estados extranjeros, lo que resulta alarmante. La votación que se avecina en el Congreso no solo busca legitimar operaciones inmobiliarias cuestionables, sino que podría abrir la puerta a un futuro donde la soberanía de Argentina queda irrevocablemente comprometida.
El nuevo proyecto de ley, presentado como un avance hacia la "inviolabilidad de la propiedad privada", en realidad procura socavar las bases de la ley 26.737, poniendo en riesgo los intereses nacionales. Lo que suceda en el Senado en las próximas horas será determinante para el futuro de la integridad territorial de Argentina. La historia juzgará a quienes decidan facilitar la entrada de potencias extranjeras en nuestra tierra.
