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La democracia es una forma de gobierno en continua evolución, que ha atravesado fases de expansión y crisis a lo largo de la historia. Hoy, muchos países adoptan una forma de gobierno democrático, donde los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus líderes y de hacerlos responsables a través de elecciones regulares y otros mecanismos de control. Sin embargo, aunque la democracia es hoy el sistema preferido por muchos gobiernos, no siempre ha sido así: la historia de la humanidad está caracterizada por imperios y monarquías, y la difusión de la democracia se ha convertido en una tendencia popular solo en las últimas décadas.
La primera democracia conocida tiene sus raíces en la antigua Atenas, donde los ciudadanos participaban directamente en el proceso de toma de decisiones a través de un sistema de asambleas y jurados. Sin embargo, era una democracia limitada, de la cual estaban excluidas las mujeres, los esclavos y los extranjeros (muy alejada, por lo tanto, de la concepción moderna a la que hoy nos referimos). Con la caída de la "democracia" ateniense y el ascenso del Imperio Romano, el modelo democrático enfrentó una larga eclipses que duraría hasta los umbrales de la modernidad. La República Romana no estaba organizada según criterios democráticos, sino que se adecuaba más a un gobierno de tipo mixto. En esta estructura institucional, se percibía la falta de igualdad entre todos los ciudadanos en lo que respecta a su capacidad de influir en las decisiones políticas. La participación en las asambleas se realizaba a partir de clasificaciones censitarias: a pesar de la introducción de figuras como los Tribunos de la plebe, cuya tarea era defender los derechos de las clases más bajas, su sistema siempre permaneció desequilibrado a favor de los más ricos.
La organización política elaborada por los romanos dejó sin embargo un importante legado: introdujeron el principio de representación, que se volvería central en las democracias modernas. En ambos casos, ni la democracia ateniense ni el republicanismo romano pueden ser considerados democracias liberales en el sentido moderno del término; sin embargo, ambos contenían en su interior elementos democráticos significativos. Durante la Edad Media, el modelo democrático no tuvo aplicaciones: prevalecía más bien la idea de que el poder provenía de arriba, descendiendo al soberano de Dios, era necesario debido al pecado original y estaba predestinado a la salvación espiritual.
Sin embargo, la situación comenzó a cambiar después del año mil: mientras que en la época altomedieval los súbditos no tenían parte en el mecanismo de justificación del poder, que dependía únicamente de la relación que el soberano mantenía con la Ley, ahora la justificación de la conducta del soberano comienza a estar correlacionada con el consenso de los súbditos. Este cambio de perspectiva está indudablemente relacionado con el intento del emperador de oponerse a la auctoritas del Papa. Después del año mil, se produce la aparición de los municipios, la afirmación del principio del consenso, el surgimiento de las monarquías nacionales (como Francia, Inglaterra y España) y los primeros pasos hacia un sistema de controles y equilibrios (la Magna Carta de 1215 establece que el rey no puede imponer impuestos sin el consentimiento del Parlamento y no puede desestimar las leyes aprobadas por éste). El camino hacia la democracia dará varios pasos significativos a partir del siglo XVII: el siglo XVII ve la primera revolución inglesa que determina la afirmación del parlamentarismo y el nacimiento de las teorías contractualistas de Hobbes y Locke, mientras que el XVIII será fundamental para la afirmación de la separación de poderes (teorizada por Montesquieu), los principios de igualdad y libertad, y para la difusión de las ideas revolucionarias, en particular gracias a la Revolución francesa de 1789.
Después del Congreso de Viena de 1815, Europa estaba dominada por monarquías, pero los movimientos liberales luchaban por las constituciones. Es precisamente en este período que el sufragio se amplía gradualmente y nacen los primeros partidos políticos, fundamentales para la difusión de la democracia. Con el tiempo, de hecho, los principios y prácticas democráticas se han evolucionado y difundido en otros países, a menudo gracias a movimientos sociales y luchas políticas. El cambio más drástico de la monarquía a la democracia ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Fue la primera "guerra total", en el sentido de que modificó permanentemente los estándares sociales, políticos y económicos. Marcó el final de numerosas dinastías que habían gobernado el mundo durante siglos, como los Habsburgo, los Romanov y los Hohenzollern, y unos años después también los Otomanos.
El período entre las dos guerras mundiales provocó un profundo cambio en los sistemas políticos de todo el mundo. En muchos países, las exigencias de la guerra llevaron a la suspensión de las normas y prácticas democráticas, ya que los gobiernos se concentraron en movilizar a la población y los recursos para el esfuerzo bélico. Como resultado, el poder se concentró en manos de líderes autocráticos, que utilizaron su autoridad para reprimir el disenso y controlar el flujo de información. El final de la Segunda Guerra Mundial provocó el colapso de muchos imperios coloniales. Nacieron nuevos Estados independientes en Asia, Medio Oriente y África. Los gobiernos democráticos surgieron como respuesta a los abusos de poder y la falta de responsabilidad de los regímenes monárquicos y autoritarios: después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia experimentó un renacimiento en muchas partes del mundo. Este período vio la creación de muchas instituciones internacionales y acuerdos destinados a promover la democracia y proteger los derechos humanos.
En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) estableció que los principios democráticos eran la base del nuevo sistema prevalente. Proclamaba: "La voluntad popular es el fundamento de la autoridad del gobierno" y que "tal voluntad debe ser expresada a través de elecciones periódicas y veraces, realizadas con sufragio universal y igual, y mediante voto secreto, o de acuerdo con un procedimiento equivalente de libre votación" (Naciones Unidas, 1948). El estatuto del Consejo de Europa, firmado en 1949, reafirmó también la devoción de los Estados a los valores espirituales y morales que son el patrimonio común de sus pueblos y la verdadera fuente de la libertad individual, la libertad política y el estado de derecho, principios que forman la base de toda verdadera democracia (Estatuto del Consejo de Europa, 1949).
No todos los países se convirtieron en democracias representativas; muchos Estados en Europa permanecieron bajo dominio soviético, mientras que, en el sur de Europa, España y Portugal eran dictaduras autoritarias. La influencia de la democracia liberal se hizo sentir solo en los años 80 en los Estados comunistas de Europa oriental. En los años 90 y 2000, gran parte de Europa oriental comenzó a avanzar hacia la democracia liberal tras la caída de la Unión Soviética. También América Latina, Asia oriental y sudeste, y varios Estados árabes, de Asia central y de África se acercaron a una mayor democracia liberal en esos años. A finales del siglo, el panorama mundial había cambiado profundamente: si en 1900 no existía ninguna democracia liberal con sufragio universal, para el año 2000, 120 de las 192 naciones del mundo, representando el 62% de la población global, habían adoptado este sistema.
El contexto histórico nos ayuda a comprender la evolución en el tiempo de la democracia, pero las numerosas transiciones hacia la democracia en la llamada "tercera ola" de democratización teorizada por Huntington han renovado el interés académico por los factores que influyen en las perspectivas de democratización. Me he preguntado: ¿por qué algunos países adoptan la democracia mientras que otros no? Para responder a estas preguntas, se han desarrollado varias teorías que intentan explicar los mecanismos y las condiciones que pueden sentar las bases para el surgimiento y consolidación de la democracia. Estas teorías se centran en: modernización, el papel de las élites, la sociedad civil y las relaciones internacionales.
La teoría de la modernización sostiene que la transición democrática está estrechamente ligada al desarrollo económico y social. Según esta visión, el aumento del nivel de educación, el progreso tecnológico, la reducción de la autoridad de las estructuras tradicionales y la expansión de la clase media inducen una creciente demanda de participación política y de control sobre el Estado. Uno de los defensores de esta teoría es Lipset: citando a Weber, afirmó que la democracia moderna puede ocurrir solo en un contexto de industrialización capitalista. Él sostiene, de hecho, que cuanto más próspera es una nación, mayores son las probabilidades de que pueda sostener una democracia.
Un segundo enfoque enfatiza a las élites políticas. Aquí, la democratización se ve como resultado de decisiones estratégicas tomadas por quienes detentan el poder. En contextos donde los recursos económicos están concentrados en manos de las élites (por ejemplo, en países ricos en petróleo), estas podrían oponerse a la transición democrática por miedo a perder privilegios. Por el contrario, ante cambios económicos o presiones externas, las élites podrían optar por una transición a cambio de garantías sobre sus propios intereses. O'Donnell y Schmitter observaron que las transiciones hacia la democracia ocurren cuando la coalición de actores que apoya un régimen autoritario enfrenta divisiones internas, y los líderes democráticos emprenden una serie de pactos para fortalecer el proyecto representado por una coalición democrática.
Las teorías basadas en las élites pueden darnos una idea de por qué los líderes pueden estar más o menos dispuestos a ceder el poder al público, pero no explican por qué el público demanda el poder en primer lugar. Por esta razón, un tercer enfoque teórico se centra en la sociedad civil, entendida como el conjunto de organizaciones y asociaciones no directamente conectadas al Estado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y apoyar intereses colectivos representa un potente motor de democratización: antes de que pueda comenzar una transición democrática, debe existir una comunidad política receptiva a las aspiraciones democráticas. Después del cambio de régimen, la misma comunidad debe ser capaz de responder a las nuevas posibilidades de participación política. La estabilidad y el rumbo general del proceso dependerán de este contexto social más amplio. Sin embargo, la presencia de una sociedad civil no es siempre garantía de resultados democráticos positivos. Este aspecto ha sido observado en muchas neo-democracias: tanto en contextos post-autoritarios como en aquellos post-comunistas, los esfuerzos de democratización a menudo son oscurecidos por formas antisociales de individualismo y de organización colectiva (como la mafia, por ejemplo) que reemplazan, o incluso intentan subvertir, ese tipo de asociacionismo civil promovido por los teóricos de la "sociedad civil".
Las teorías que se centran en factores estructurales, instituciones o actores locales se enfocan en variables internas para entender el cambio de régimen. Sin embargo, algunas fuerzas importantes que impulsan (o obstaculizan) el surgimiento y la supervivencia de la democracia provienen del exterior del país. Por lo tanto, la dimensión internacional constituye un elemento adicional de análisis. La teoría de la difusión global sostiene que la democratización se difunde a través de la influencia de otras democracias, ya sea mediante presiones directas o a través de la emulación de modelos democráticos exitosos. Las transiciones democráticas son más probables en los países rodeados de regímenes democráticos. Este proceso, conocido también como "spillover democrático", a menudo se manifiesta como una reacción en cadena desencadenada por transiciones ocurridas en otros países. Sin embargo, hay que subrayar que la efectividad de tales influencias varía según el grado de apertura e interconexión del contexto nacional.
La palabra democracia tiene una connotación positiva para muchas personas: las cosas que se definen como "democráticas" son buenas, mientras que aquellas que no lo son se consideran malas. La palabra ha adquirido cierto simbolismo, que se aleja de la realidad. Por ejemplo, países como China se consideran "verdaderas" democracias, entendida como pleno empleo, educación universal y eliminación de clases económicas. Estas sociedades ven la democracia en Estados Unidos y Europa como poco más que la lucha entre los miembros de un pequeño grupo elitario. Los países capitalistas, por su parte, ven los sistemas comunistas, con su control monopartidista y la falta de libertades civiles, como absolutamente no democráticos. Por lo tanto, cada parte utiliza criterios diferentes para definir la democracia.
¿Cómo podemos entonces dar una definición de democracia si depende del sujeto que habla? Una forma es volver al origen de la palabra; proviene del griego (demos y kratia) y significa gobierno del pueblo. Basándonos en este significado, se podría decir que la democracia es un sistema en el que el poder político reside en las personas, quienes lo ejercen, alternándose, de forma directa o indirecta a través de la participación, la competencia y la libertad. Sin embargo, esta descripción es subjetiva, eurocéntrica e influenciada por el liberalismo: la definición dada describe así una democracia liberal. Para analizar y comparar de manera imparcial los sistemas democráticos, se puede hacer referencia a los estudios del siglo XX de Schumpeter y Dahl; sus definiciones varían en los detalles, pero generalmente reconocen cuatro principios: elecciones libres y justas, participación universal, respeto de las libertades civiles y gobierno responsable. Estos cuatro criterios han sido retomados y elaborados de forma sistemática por Scott Mainwaring en su estudio "Classifying Political Regimes in Latin America, 1945–2004".
Elecciones libres y justas: el legislador debe ser elegido a través de elecciones competitivas, abiertas y justas; por lo tanto, fraudes y coacciones no pueden determinar los resultados de las elecciones democráticas. Deben ofrecer la posibilidad de un cambio en el poder, aunque dicho cambio no se produzca realmente en cada elección.
Participación universal: el derecho al voto debe incluir a la gran mayoría de la población adulta. Con esto se entiende un sufragio universal adulto, sin exclusiones basadas en ingresos, género, educación, etnia o religión. Este es un aspecto importante que no debe darse por sentado: hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países eran considerados democráticos incluso si las mujeres no habían obtenido el derecho al voto. Algunas naciones europeas introdujeron el sufragio universal después de 1960, incluida Suiza (1971), Portugal (1976) y Liechtenstein (1984); en otras regiones del mundo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en elecciones nacionales solo después de profundos cambios culturales o institucionales: por ejemplo, el 80% de los países africanos analizados en el estudio realizado por el Pew Research Center concedieron a sus ciudadanos el sufragio universal entre 1950 y 1975, un periodo marcado por una amplia descolonización europea del continente, así como de algunas áreas de Asia y América Latina.
Respeto de las libertades civiles: las democracias deben proteger los derechos políticos y las libertades civiles (como la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de organización). Por lo tanto, un país puede tener un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, pero en ausencia de una garantía efectiva de las libertades civiles, no se considera democrático.
Gobierno responsable: las autoridades elegidas deben ser capaces de gobernar sin verse influenciadas por fuerzas militares, gobiernos extranjeros, autoridades religiosas u otras figuras no elegidas. Todas estas condiciones deben estar presentes simultáneamente para que un país pueda ser definido como democrático, pero pueden ser implementadas en la práctica a través de diferentes configuraciones institucionales. De ello se derivan dos implicaciones: la primera es que ninguna sociedad ha realmente "inventado" la democracia moderna; la segunda es que, si consideramos sus características específicas, las democracias modernas pueden ser muy diferentes entre sí.
Según Sartori, la historia ha producido dos grandes tipos de democracia: la democracia directa, en la que los ciudadanos participan directamente en las elecciones políticas, y la democracia indirecta, es decir, representativa, en la que el régimen democrático se confía a los mecanismos de transmisión del poder, es decir, los sistemas electorales establecidos por las constituciones vigentes. Sobre esta base, y en línea con la evolución histórica y teórica del concepto de democracia, se puede identificar una clasificación más articulada, que tiene en cuenta las diferentes modalidades de participación política que pueden realizarse hoy en día:
Democracia directa: es la idea típica de democracia, pues los ciudadanos adultos participan en las decisiones colectivas según el principio del autogobierno. En este tipo de democracia, el Estado y la sociedad son uno solo; un ejemplo histórico es el de Atenas del siglo V a.C. previamente descrita. Hoy, a nivel estatal-nacional no existen democracias directas, ya que no es aplicable debido a los límites estructurales y territoriales.
Democracia participativa: identifica procedimientos que permiten una mayor participación de los ciudadanos. La decisión pública es tomada por los representantes sobre la base de procesos en los que los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus razones sobre un tema determinado. Integra la democracia representativa, no la reemplaza. Sin embargo, presenta límites, ya que involucra a un número limitado de personas, los costos de participación son altos y varía mucho según la implicación de los ciudadanos. Un ejemplo de democracia participativa es el presupuesto participativo.
Democracia deliberativa: consiste en la toma de decisiones por parte de la comunidad política de manera unánime o casi. Prevé un debate público entre ciudadanos libres, racionales e iguales, en un clima de igualdad y transparencia. Puede ocurrir tras un comentario racional que busca hacer converger a todos en una posición compartida. La decisión entonces se convierte en una deliberación. Algunos estudiosos critican este tipo debido a la limitación de la representación: si ciertos sujetos permanecen excluidos del discurso público, no puede ser considerado un verdadero debate justo y libre. Sin embargo, ha ocurrido tan raramente que no se considera una verdadera alternativa democrática.
Democracia representativa: según Bobbio, la democracia representativa es la forma propia de democracia de los modernos, en contraste con la democracia de los antiguos, basada en la participación directa. En el modelo representativo, los ciudadanos no deciden directamente, sino que eligen representantes que deliberan en su nombre. Este sistema nace históricamente en respuesta a la complejidad y al tamaño de los Estados modernos, donde la participación directa de todos ya no es logísticamente posible. Por ende, se basa en el mecanismo de la representación, que consiste en procedimientos electorales.
Democracia liberal: es una forma de gobierno que une los principios de la democracia representativa con los del liberalismo político. Se configura como un sistema en el que el poder es ejercido por representantes elegidos a través de elecciones libres, pero al mismo tiempo es limitado por restricciones jurídicas y constitucionales destinadas a garantizar la protección de los derechos y libertades individuales. Esta definición destaca cómo la democracia liberal no se agota en el mero momento electoral, sino que presupone un complejo de garantías sustanciales, entre las cuales se encuentran el estado de derecho, la separación de poderes y la protección de las libertades civiles. Esta visión tiene su origen en el liberalismo clásico, en particular en la teoría de los derechos naturales de John Locke, según la cual la tarea principal del Estado es proteger los derechos fundamentales del individuo, como la vida, la libertad y la propiedad.
El liberalismo busca garantizar que incluso un gobierno elegido democráticamente respete los derechos de los individuos, evitando formas de opresión de la mayoría. Desde esta perspectiva, el poder político es legítimo solo si se ejerce para prevenir daños a otros, como afirmaba John Stuart Mill en su célebre obra "Sobre la libertad". La democracia liberal es, por tanto, una forma de democracia indirecta, en la que la soberanía popular se contiene dentro de los límites impuestos por la protección constitucional de los derechos fundamentales. Se funde sobre el principio del gobierno limitado, es decir, un poder institucional que opera dentro de límites normativos bien definidos, destinados a salvaguardar la libertad individual y la igualdad jurídica. Esta concepción se distingue de la participación directa típica de la polis ateniense: las democracias liberales modernas se basan en la primacía de la ley, no en el gobierno directo de las personas. Este modelo reconoce que hay derechos inalienables que el Estado no puede violar, ni siquiera en nombre de la mayoría. Entre ellos están la libertad personal, la seguridad, la privacidad, la igualdad ante la ley, un juicio justo, así como las libertades de expresión, asociación, prensa y religión.
El liberalismo ha sido concebido como un sistema pragmático para gobernar sociedades heterogéneas, garantizando la convivencia pacífica entre individuos con valores y creencias diferentes. Sin embargo, la democracia liberal no es un sistema que se mantenga automáticamente: requiere una vigilancia constante por parte del saber político. No se autoconserva, sino que necesita ser sostenida por conocimientos y prácticas conscientes, a fin de que sus componentes liberales o democráticos no degeneren en formas autoritarias o demagógicas.
Democracia iliberal: la democracia iliberal representa una forma híbrida de régimen político; no se configura ni como una plena democracia ni como un régimen abiertamente autoritario. Se trata de un sistema que incorpora elementos propios de las democracias, como la presencia de elecciones, pero acompañados de prácticas típicas de regímenes no democráticos. En estos contextos, las elecciones pueden existir formalmente, pero no garantizan una competencia genuina, libre y abierta a todos los sujetos políticos. Hay un ideal democrático a nivel formal, pero la práctica concreta se aleja de los principios democráticos, sobre todo en lo que respecta a la protección de las libertades civiles, la separación de poderes y la participación efectiva de los ciudadanos. El término democracia iliberal fue acuñado por Fareed Zakaria en su célebre artículo "El auge de la democracia iliberal" en 1997, donde denuncia el paradoja de regímenes que, a pesar de mantener elecciones regulares, no respetan los derechos fundamentales. Un ejemplo emblemático es Rusia: desde los primeros años del poder de Vladimir Putin, se han registrado señales de deriva autoritaria, especialmente en el ámbito electoral.
A pesar de mantener la estructura formal de las elecciones, candidatos potencialmente capaces de desafiar al partido en el poder han sido sistemáticamente excluidos de la competencia política. De esta manera, las elecciones pierden su función esencial de expresión libre de la voluntad popular. El concepto de democracia iliberal se introdujo precisamente para diferenciar estos regímenes de los plenamente democráticos, subrayando cómo la apariencia de instituciones democráticas puede coexistir con prácticas autoritarias.
El paradoja denunciada por Zakaria resulta hoy aún más evidente: los datos destacan la disminución de la libertad global por decimonoveno año consecutivo en 2024. Sesenta países han registradoo un deterioro de los derechos políticos y las libertades civiles, mientras que solo treinta y cuatro han obtenido mejoras. El Salvador, Haití, Kuwait y Túnez han sido los países que han sufrido las caídas de puntuación más significativas del año. Durante un año excepcional en términos de elecciones, muchas consultas electorales se han visto marcadas por violencias e intentos autoritarios de limitar la capacidad de elección de los electores. En más del 40% de los países y territorios que han celebrado elecciones nacionales en 2024, los candidatos han sido objeto de intentos de asesinato o agresiones, los colegios electorales han sido atacados, o las protestas posteriores a las elecciones han sido reprimidas con una fuerza desproporcionada.
En los países autoritarios, las elecciones han sido manipuladas para impedir la participación de candidatos auténticos de oposición. Durante años, el autoritarismo se trató como una categoría residual respecto a la democracia. Sin embargo, los datos evidencian una creciente evolución de los regímenes no democráticos: la mayoría de la población mundial vive en países "Parcialmente Libres" o "No Libres". Más de 170 millones de personas viven en países que en 2024 pasaron de ser "Parcialmente Libres" a "No Libres". En el mismo año, los países que registraron un deterioro general de los derechos políticos y las libertades civiles representan un número de personas casi triple respecto a aquellos que registraron mejoras.
Por esta razón, hoy en día, la ciencia política distingue entre diferentes tipos de regímenes autoritarios, cada uno con características estructurales y modos de funcionamiento diferentes. Los regímenes no democráticos son aquellos en los que el poder es detentado por un pequeño grupo de personas que no responden a la voluntad popular. La participación política, la competencia electoral y las libertades civiles están firmemente limitadas.
El autoritarismo, por lo tanto, se contrapone de manera sustancial a los valores democráticos. Sin embargo, se distingue del totalitarismo en la medida en que los gobiernos autoritarios no suelen poseer una ideología guía plenamente desarrollada, toleran un cierto grado de pluralismo en las organizaciones sociales, no tienen la capacidad de movilizar a la población en su totalidad para alcanzar objetivos nacionales y ejercen el poder dentro de límites relativamente predecibles. El totalitarismo representa la forma más extrema de autoritarismo: estos regímenes buscan transformar completamente la sociedad a través de ideología, propaganda, movilización masiva y, sobre todo, violencia y terror. Como ha observado la filósofa política Hannah Arendt, estos regímenes aniquilan la voluntad humana, eliminando así la capacidad de los individuos no solo de aspirar a la libertad, sino aún más de crearla (Arendt, 1951).
Existen diversos ejemplos de regímenes totalitarios en el mundo. Uno de los más prominentes es Corea del Norte, que está gobernada por un partido único y por un dictador que tiene control absoluto sobre el gobierno y el sistema político. Corea del Norte utiliza propaganda y censura para controlar el flujo de información y no permite ninguna forma de oposición política o instituciones independientes. El régimen también mantiene su poder a través del uso de violencia y fuerza, y ha sido criticado por sus violaciones a los derechos humanos, incluidas la utilización del trabajo forzado y la tortura. Otro ejemplo de régimen totalitario es Eritrea, que está gobernada por un partido único y un presidente que está en el poder desde 1993. El régimen en Eritrea utiliza censura y propaganda para controlar el flujo de información y no permite ninguna forma de oposición política o instituciones independientes. El gobierno también utiliza violencia y fuerza para mantener su poder y ha sido criticado por sus violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso de trabajo forzado y detenciones arbitrarias.
Con respecto a las autocracias, como se anticipó, los estudiosos han identificando distintas tipologías; estos regímenes se dividen en personalistas o monárquicos, de partido único, militares o híbridos. Estas categorizaciones se basan en quién controla el acceso a los cargos políticos y la influencia sobre las políticas: un individuo (como en los regímenes personalistas), un partido hegemónico (como en regímenes de partido único), la institución militar (como en los regímenes militares) o una familia real (como en las monarquías). Según el manual "Comparative Politics", es posible distinguir:
Regímenes personalistas o monárquicos: el poder está concentrado casi exclusivamente en manos de un solo individuo. En estos contextos, las instituciones estatales (incluyendo el Parlamento, la Magistratura y las fuerzas armadas) se vacían de su autonomía funcional, convirtiéndose en instrumentos de legitimación del poder personal del líder. La legitimidad política se basa en formas de autoridad tradicional (como en las monarquías hereditarias) o carismática (en el caso de líderes que se autolegitiman como encarnaciones de la voluntad popular). A veces, gobiernan utilizando formas de cooptación conocidas como patrimonialismo, en el cual los recursos estatales son distribuidos entre un círculo restringido de leales al líder a cambio de lealtad política. La liderazgo personalista suele caracterizarse por un culto a la personalidad, diseñado para reforzar la legitimidad simbólica del líder a través de una narrativa que lo hace parecer perfecto (por lo que los medios están totalmente bajo el control del dictador). La falta de límites formales y sustanciales al poder hace que estos regímenes sean altamente inestables e impredecibles, tanto en la formulación de políticas como en los modos de sucesión. Generalmente, los regímenes personalistas no tienen una ideología bien definida, y si la hay, se basa exclusivamente en las preferencias del líder. Históricamente, personajes como Saddam Hussein o Muammar Gadafi han encarnado tales características, gobernando de manera arbitraria y a menudo violenta. La durabilidad de estos regímenes depende en gran medida de la capacidad del líder para dividir y cooptar a las élites, así como del uso estratégico de la represión y el clientelismo.
Regímenes de partido único: se fundamentan en la hegemonía de un partido político que monopoliza el acceso al poder ejecutivo y controla de manera exhaustiva la vida política e institucional del país. En este tipo de régimen, el líder es generalmente designado por los órganos centrales del partido. A diferencia de los regímenes personalistas, los monopartidistas son más institucionalizados y duraderos, gracias a la existencia de estructuras de selección y rotación de élites internas. Esto los hace más resilientes ante cambios y menos vulnerables a golpes de Estado o revueltas populares. Ejemplos contemporáneos incluyen China, Vietnam y Laos. A pesar de la presencia formal de elecciones y parlamentos, el pluralismo político está ausente o severamente limitado. Estos regímenes a menudo se asocian a un desempeño económico relativamente mejor, ya que los procesos de toma de decisiones tienden a ser más colegiados y pragmáticos que en otras formas de autocracia.
Regímenes militares: el poder político es detentado por oficiales de las fuerzas armadas que asumen el control de lo ejecutivo tras un golpe de Estado. La gobernanza generalmente es gestionada por una junta militar que opera de manera colegiada, evitando la concentración excesiva del poder en un solo individuo. Sin embargo, estos regímenes tienden a ser transitorios: la participación directa del ejército en la política implica riesgos de divisiones internas y pérdida de legitimidad, motivando a menudo un regreso a los cuarteles. El horizonte político de los regímenes militares suele ser a corto plazo y, paradójicamente, las probabilidades de una transición democrática son mayores en comparación con otras formas autoritarias. Ejemplos históricos incluyen Argentina (1976–1983), Perú (1968–1980) y, más recientemente, Tailandia.
Regímenes híbridos: representan una forma de autocracia que incorpora instituciones democráticas como elecciones, partidos políticos y medios relativamente libres, pero distorsiona su funcionamiento para perpetuar el dominio de un grupo dirigente. En estos sistemas, llamados también democracias iliberales, las elecciones se celebran regularmente y pueden incluir cierta incertidumbre en el resultado, pero el campo electoral está fuertemente desequilibrado a favor del poder establecido. Las oposiciones son toleradas, pero sujetas a persecuciones, censuras y limitaciones legales. El concepto de “autoritarismo competitivo”, elaborado por Levitsky y Way, describe perfectamente estas realidades. Un ejemplo emblemático ha sido Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Turquía bajo Recep Tayyip Erdoğan o Hungría cuando estaba en la presidencia Viktor Orbán, o Rusia bajo Putin y Estados Unidos bajo Trump, en este último caso votado por los estadounidenses. Estos regímenes se caracterizan por la capacidad de usar instrumentos democráticos para fines autoritarios, manteniendo una apariencia de legalidad y participación popular.
Tal variabilidad refleja el hecho de que los regímenes contemporáneos emplean una gama más amplia de herramientas para mantenerse en el poder. A pesar de que los regímenes autoritarios siguen siendo represivos, la represión ya no constituye la única forma de control, ya que los regímenes autoritarios actuales se han mostrado más astutos que sus predecesores al ocultar sus rasgos autoritarios y prolongar su supervivencia política. En las últimas décadas, se ha invertido el proceso de democratización que había comenzado al finalizar la Guerra Fría. Entre las causas de esta recesión, resulta fundamental mencionar la propagación del populismo, una anomalía intrínseca a la democracia. El populismo, de hecho, es iliberal pero no antidemocrático, definiendo tres modalidades comunes del populismo, incluyendo: 1) La presentación de soluciones políticas irrazonables a complejos problemas sociales y económicos. 2) El uso de estrategias dialécticas diseñadas deliberadamente para polarizar la sociedad. 3) El resaltado de un enfoque gubernamental autocrático que legitima su presencia.
El populismo se convierte en una verdadera amenaza para la democracia liberal, los mercados y la sociedad abierta cuando, a través de él, se inicia un proceso de autocratización. De hecho, aunque se presenta como democrático, esconde impulsos antidemocráticos que pueden desembocar en formas autoritarias: mediante una retórica "anti-institucional" y una hostilidad hacia los mecanismos tradicionales de control del poder (tanto internos como externos), crea el contexto ideal para la erosión de las libertades constitucionales y la delegitimación de las minorías y de las instituciones independientes. También busca la polarización deliberada de la política, en la que los populistas se presentan como los auténticos representantes del pueblo, en contraposición a una élite corrupta: los populistas identifican o crean enemigos externos - los "otros" - a los que se les atribuyen los problemas internos. Estos "otros" pueden ser inmigrantes, judíos, musulmanes o poderes externos y supranacionales como el Banco Mundial, la Unión Europea, las multinacionales o la globalización en sí.
En este contexto, se observa cómo algunos gobiernos elegidos democráticamente pueden comenzar un lento proceso de erosión de las libertades civiles básicas, manteniendo solo una democracia de fachada. Esto ocurre a través de la manipulación de los medios de comunicación, la limitación de la independencia del poder judicial y la abolición sistemática de todos los órganos de control. Este tipo de declive institucional abre la vía a la aparición de democracias iliberales. Tanto las fuerzas políticas de izquierda como de derecha pueden promover tendencias autoritarias. En los últimos años, a pesar de que algunos países de la Unión Europea son históricamente conocidos por sus sistemas inspirados en el liberalismo político, se ha manifestado una tendencia hacia políticas de derecha. En Suecia, uno de los sistemas democráticos más inclusivos del mundo, Ulf Kristersson fue elegido primer ministro con el apoyo del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia. El jefe de gobierno ha declarado que garantizará a este partido una posición influyente.
Las bases del populismo, además, se sustentan en el papel del líder, central e insustituible, ya que encarna la esencia misma del movimiento. No sorprende observar la tendencia de algunos líderes a perder la humildad inicial una vez que se convencen de haber adquirido suficiente poder. Esta tendencia al cambio de personalidad ha sido denominada síndrome de hybris. Se trata de una condición psicológica que puede afectar a individuos con gran influencia y poder, como los líderes políticos. Se caracteriza por un sentido hipertrofiado de autoestima, falta de autoconciencia y propensión a asumir riesgos sin considerar las consecuencias. Las personas afectadas por el síndrome de hybris pueden considerarse inmunes a las críticas e infalibles, lo que las lleva a tomar decisiones imprudentes. Esta condición es observable en sujetos que permanecen prolongadamente en posiciones de poder y puede tener graves consecuencias tanto para los individuos involucrados como para las personas y organizaciones que lideran.
Las sociedades democráticas, especialmente aquellas que se han desarrollado a partir de monarquías absolutas, han desarrollado sistemas de control y equilibrio para tratar de protegerse de tales líderes. Sin embargo, estos mecanismos no siempre son eficaces. Cuando un líder político pierde el contacto con la realidad, puede desarrollarse un culto a la personalidad alrededor de su figura. La creciente proliferación de culto inevitablemente genera consecuencias negativas, tanto para la población como para el líder mismo. A lo largo de la historia, ha habido figuras que han construido cultos a la personalidad extremos. Por lo tanto, es de fundamental importancia aprender de la historia para evitar que se repitan errores similares.
Finalmente, con esta investigación he tratado de responder una de las preguntas que a mi juicio merecen una respuesta más urgente, a saber, ¿qué riesgos corren concretamente las democracias existentes? El análisis que he llevado a cabo sobre la base del nuevo marco conceptual me ha permitido resaltar un camino de autocratización secuencial desde la democracia liberal a la democracia defectuosa, y de la democracia defectuosa a la autocracia electoral como la principal amenaza que las democracias contemporáneas enfrentan hoy. Muchas otras preguntas merecen atención, incluidas las causas de tales eventos. En este sentido, he buscado describir estos cambios de régimen, tal vez de liberal democracia a iliberal.
Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo.
