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Hay una distancia creciente entre decir que una persona tiene trabajo y afirmar que puede vivir de él. Los dos informes recientes del INDEC permiten observar esa distancia desde extremos que suelen analizarse por separado: uno muestra cómo se inserta la población en el mercado laboral; el otro, si los ingresos de los hogares alcanzan para pagar alimentos y otros bienes y servicios esenciales.
Leídos juntos, revelan una realidad incómoda: en los 31 aglomerados urbanos que estudia la Encuesta Permanente de Hogares, había 13,6 millones de personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2026, pero en el primer semestre 9,7 millones de personas vivían en hogares pobres.
Las mediciones no identifican cuántos trabajadores pertenecen a esos hogares ni autorizan a equiparar directamente ambos grupos. Sí obligan a abandonar la idea de que contar puestos de trabajo basta para describir las condiciones de vida.
La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre, frente al 28,2% del segundo semestre de 2025: un aumento de 4,1 puntos porcentuales. La indigencia, que señala a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, pasó del 6,3% al 7,5%. Detrás de esas tasas hay 9.729.000 personas pobres, de las cuales 2.249.000 eran indigentes, dentro del universo urbano observado por la EPH. Es una dimensión humana que no desaparece al cambiar de escala: en un país capaz de producir alimentos y energía, millones de personas viven en hogares que no pueden comprar una canasta mínima con sus ingresos.
El informe identifica el mecanismo inmediato de ese retroceso. Respecto del semestre anterior, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras la canasta básica alimentaria subió 21,4% y la canasta básica total, 19,6%. Los ingresos crecieron, pero perdieron capacidad de compra frente a lo elemental. Para los hogares pobres, la distancia no era pequeña: reunían en promedio $922.755 mensuales, cuando la canasta básica total correspondiente a esos hogares costaba $1.440.395. Faltaban $517.640 para alcanzar la línea de pobreza, una brecha del 35,9%. El dato desarma la explicación cómoda según la cual se trata, en general, de familias apenas por debajo de un umbral estadístico.
El mercado laboral ayuda a entender por qué la existencia de una ocupación no asegura protección económica. La desocupación se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre, equivalente a 1.164.000 personas en los aglomerados relevados. Pero entre quienes sí trabajaban, 6.101.000 tenían un empleo informal: el 45% de los ocupados. El cuadro estadístico muestra que esa proporción era 43,2% un año antes. Además, el 37,9% de los asalariados no tenía descuento jubilatorio. Son indicadores distintos, pero apuntan a una misma fragilidad: una parte enorme de la sociedad obtiene ingresos mediante vínculos laborales con menor protección y menor previsibilidad. La tasa de empleo fue del 45%, sin una variación interanual estadísticamente significativa; lo que se deteriora con claridad es la calidad de una porción de ese empleo.
La presión sobre el mercado laboral tampoco termina en la fila de quienes buscan empleo sin tenerlo. Había 2.495.000 personas ocupadas que buscaban otro trabajo, y la subocupación afectaba a 1.687.000 personas. Al sumar desocupados, ocupados que demandan empleo y otros ocupados disponibles para trabajar más, el INDEC calcula una presión global del 30,8% de la población económicamente activa. Esa cifra no significa que tres de cada diez personas estén desempleadas; muestra algo diferente y más amplio: la cantidad de gente para la que su situación laboral actual no resuelve la necesidad de trabajar o de obtener mejores ingresos. En el otro extremo, 27,6% de los ocupados trabajaba más de 45 horas semanales. Faltan horas para algunos y sobran para otros, sin que trabajar muchas horas sea necesariamente sinónimo de llegar a fin de mes.
La desigualdad se vuelve especialmente brutal al mirar la infancia. El 44,5% de los niños de 0 a 14 años vivía en hogares pobres; entre todos los menores de 18, la proporción era del 45,2%. La pobreza por ingresos no mide por sí sola la calidad de una escuela, el acceso efectivo a una consulta médica ni las condiciones de una vivienda. Pero cuando casi la mitad de los menores crece en hogares que no pueden costear una canasta básica, resulta imposible separar ese dato de sus oportunidades de alimentación, aprendizaje y desarrollo. La pregunta no es solamente cuánto cuesta asistir hoy a esas familias, sino qué futuro colectivo se construye si semejante privación se acepta como un rasgo normal del país.
Los jóvenes encuentran, además, un mercado que ofrece pocas certezas. En el segundo trimestre, la desocupación fue del 17,1% entre las mujeres de 14 a 29 años y del 14,1% entre los varones de esa edad, por encima del promedio general. A esas tasas se suma la expansión del trabajo informal y por cuenta propia entre quienes logran insertarse. Sería incorrecto atribuir a cada cuentapropista una situación de precariedad, porque esa categoría reúne realidades muy diversas. Pero también sería engañoso presentar cualquier forma de ocupación como prueba de bienestar mientras aumentan la informalidad y la pobreza.
Estos resultados requieren una comparación honesta. La pobreza del primer semestre de 2026 es mucho menor que el 52,9% registrado en el primer semestre de 2024; desconocer esa caída sería falsear la serie. A la vez, el salto respecto del semestre inmediatamente anterior señala que la mejora no quedó asegurada. Frente al 31,6% del primer semestre de 2025, el propio INDEC advierte que no observa un cambio estadísticamente significativo.
En materia laboral, el organismo tampoco identifica una variación interanual significativa en la desocupación general, aunque sí registra un aumento significativo de la informalidad. La crítica al presente no necesita exagerar ninguna cifra: alcanza con mirar cuánto cuesta sostener la vida diaria y bajo qué condiciones se consiguen los ingresos para hacerlo.
La responsabilidad política es discutir ese resultado, no refugiarse en una sola tasa favorable ni anunciar que todo está resuelto porque bajó la pobreza desde su peor registro. Una sociedad en la que un tercio de las personas es pobre, casi la mitad de sus trabajadores se desempeña en la informalidad y cerca de la mitad de sus menores vive en hogares pobres padece un deterioro concreto de sus condiciones básicas. El problema no se agota en crear cualquier empleo: exige ingresos que alcancen, trabajo protegido y una mejora que pueda sostenerse cuando vuelvan a medirse las canastas. Hasta entonces, la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la mesa de los hogares seguirá siendo el dato político más difícil de ocultar.
Alcance de los datos: ambos informes se basan en la Encuesta Permanente de Hogares de 31 aglomerados urbanos, que abarcan aproximadamente 30 millones de personas. El informe laboral corresponde al segundo trimestre de 2026 y el de pobreza al primer semestre; sus poblaciones y períodos no deben sumarse ni interpretarse como una medición directa de todos los habitantes del país.
A.G.
