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Antes de vender una empresa pública, surge una decisión crucial que podría comprometer miles de millones: ¿cuánto vale? En las privatizaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei, esta pregunta quedó en el centro de los cuestionamientos, debido al desplazamiento del Tribunal de Tasaciones en varios procedimientos, la intervención de bancos públicos y la reserva de documentación que explica cómo se fijan los precios.
Este problema afecta directamente a los argentinos: sin conocer los fundamentos de una valuación, resulta más difícil controlar si el Estado está defendiendo adecuadamente su patrimonio.
El caso de Intercargo ofrece evidencia concreta. En el Informe 145 presentado ante el Congreso, el Ejecutivo reconoció que la documentación vinculada a su tasación fue declarada reservada durante el proceso licitatorio. El argumento oficial fue prevenir posibles irregularidades, pero esta decisión restringe el examen público de los cálculos sobre el precio de referencia de la empresa estatal. No se trata de que todos los balances sean secretos; la controversia radica en el acceso a la valuación y los elementos que permiten evaluarla.
La falta de información llegó a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, presidida por el senador neuquino Pablo Cervi. Durante la exposición de Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la diputada Ana María Ianni cuestionó que los legisladores tuvieran que enterarse por los medios sobre operaciones que afectan el patrimonio estatal. Chaher defendió el trabajo del Ejecutivo y aseguró que se están reforzando los controles.
Según una reconstrucción publicada por El Cohete a la Luna, los legisladores recibieron más de 10.000 páginas apenas 48 horas antes de la reunión, y Chaher invocó confidencialidad frente a preguntas sobre las tasaciones. El volumen de documentación, por sí solo, no garantiza transparencia: para controlar una venta, es necesario conocer qué se entrega, qué obligaciones asume el comprador y cómo se llegó al precio.
La discusión sobre el método puede explicarse sin tecnicismos. Una valuación patrimonial examina los bienes y obligaciones de una empresa, mientras que una valuación por flujo de fondos descontado estima cuánto dinero podrá generar en el futuro y calcula cuánto representan hoy esos ingresos. Las decisiones sobre tarifas, costos, inversiones y riesgos influyen en el valor calculado.
Este método financiero tiene antecedentes en el régimen eléctrico desde 1991, y no fue creado por Milei. Sin embargo, lo que exige control es cómo se aplica, con qué supuestos y qué posibilidades existen de revisar los resultados antes de vender. El Decreto 450/2025 mantuvo este criterio en la legislación eléctrica.
En Nucleoeléctrica, la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, el Gobierno decidió avanzar con la venta del 44 % de las acciones, manteniendo el 51 % en manos estatales. La resolución que inició este procedimiento explica que el Tribunal de Tasaciones expresó limitaciones para hacer una valuación mediante un enfoque de ingresos y ordenó solicitarla a una entidad bancaria pública. Verificar cómo se consideran los activos tangibles e intangibles es esencial para juzgar el precio.
Aquí surge una dimensión que trasciende la venta de electricidad. El desarrollo nuclear argentino representa décadas de inversión pública, formación de especialistas e infraestructura. Como referencia, en 2014, el Gobierno de Neuquén informó que la finalización de Atucha II demandó unos US$3.000 millones. Esta cifra histórica de inversión ilustra el trabajo y recursos colectivos detrás de una instalación de este tipo.
Una central puede dejar de generar temporalmente porque está siendo reacondicionada para funcionar durante muchos años más. En este período, bajan los ingresos mientras se incrementa la inversión para sostener su futuro. Una evaluación rigurosa debe considerar esa recuperación y el valor que conserva la infraestructura. Evaluar una situación transitoria desfavorable como si fuera permanente puede artificialmente reducir el precio. Asimismo, el conocimiento acumulado, la formación de proveedores y la capacidad de decidir sobre un área estratégica deben influir en la decisión política de desprenderse de una participación estatal.
La cercanía entre funcionarios y grupos empresarios añade otra capa de exigencia de control. El Cohete a la Luna destacó antecedentes laborales de Chaher en empresas vinculadas al Grupo América, lo que justifica el examen de posibles conflictos de intereses. Estos vínculos no demuestran una adjudicación fraudulenta ni permiten identificar un comprador favorecido para Nucleoeléctrica.
El riesgo es que el Estado, habiendo invertido durante décadas en una capacidad estratégica, termine transfiriendo sus beneficios a un precio insuficiente. Si eso ocurre, la pérdida la absorbe la sociedad y la ventaja queda en manos del comprador. Para asegurar que el patrimonio argentino no se entrega a precio vil, el Gobierno debe permitir que las valuaciones sean examinadas y discutidas antes de cerrar las operaciones.
Cuando los documentos llegan tarde o los cálculos permanecen reservados, la promesa de transparencia pierde sustento, particularmente en la cuenta que decide cuánto recibirán los argentinos por lo que han construido.
M.T.
