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Dónde tocar la puerta: violencia de género y acceso a la justicia

Graciela Catalán explica qué líneas, oficinas y medidas existen —y por qué muchas mujeres siguen sin saberlo.

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“Si hay riesgo inminente, llamá al 911; si necesitás contención y asesoramiento, llamá al 144.” —Graciela Miriam Catalán

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Cuando Graciela Catalán habla de la justicia de familia no lo hace en abstracto: cuenta que, hasta hoy, las mujeres llegan golpeadas, con miedo y sin saber a dónde recurrir. Esa falta de información aparece una y otra vez como la razón por la que tantas denuncias nunca avanzan.

La ley que cambió el turno de la mirada

Catalán recuerda la transición de la vieja ley 24.417 a la actual 26.485 —la ley de protección integral— y por qué fue un punto de inflexión. Lo clave: la norma obliga a tomar medidas cautelares de forma urgente (prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, cesar actos de intimidación) y amplía la definición de violencia a psicológica, simbólica, sexual, laboral, obstétrica y digital.

Eso convirtió a los juzgados de familia en herramientas rápidas: equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadoras sociales, a veces psiquiatras) reciben la denuncia, evalúan riesgo y dictan medidas que suelen renovarse cada tres meses. En la práctica, Catalán cuenta, hay juzgados —y juezas— que funcionan así; pero también hay retrocesos institucionales que lo complican.

Dónde golpear la puerta, con números y sitios reales

Hay una red, pero está despareja. Catalán enumera los puntos de contacto concretos que toda persona debe conocer:

  • 911 para riesgo inminente

  • 144 para contención, asesoramiento y derivación (nivel ciudad y nacional)

  • 137 como línea de jurisdicción nacional

  • 102 para niños, niñas y adolescentes

  • Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte —atiende 24/7 y tramita medidas y el botón antipánico

  • Patrocinio jurídico gratuito (Facultad de Derecho, defensorías)

  • Refugios y Centros de Atención a la Mujer (CIM) para seguimiento y apoyo integral

Catalán subraya un dato práctico: la OVD entrega el botón antipánico (DAMA) y lo configura para que funcione en el celular —un detalle técnico que salva casos cuando el dispositivo está apagado o la víctima no sabe cómo activarlo.

Qué falla hoy: recursos recortados y falta de formación

La experiencia de Catalán no es sólo procedimiento: es institucional. Señala tres problemas que siguen apareciendo:

  1. Recursos humanos recortados (menos operadores en líneas como el 144 y menos refugios disponibles).

  2. Capacitación irregular: mientras muchos juzgados aplican la Ley Micaela y formación en perspectiva de género, otras dependencias judiciales quedan fuera o retroceden.

  3. Desigual aplicación de medidas: las restricciones se dictan, pero no siempre hay respuesta para los agresores —programas para hombres violentos se desmantelaron en algunos distritos.

El resultado, dice, es que medidas que duran 90 días a veces no alcanzan si el agresor no recibe un seguimiento o intervención efectiva.

Lo que no se ve en los titulares: el trabajo cotidiano en los juzgados

Catalán cuenta escenas concretas: mujeres que deben quedarse en el juzgado después del horario para obtener un certificado que acredita las medidas dictadas; equipos que vuelven a llamar a una denunciante para actualizar su situación; expedientes que se bifurcan en divorcios, alimentos y regímenes de comunicación.

Esos detalles muestran por qué denunciar no es un acto puntual sino un proceso largo y por qué la protección efectiva exige coordinación entre lo social, lo jurídico y lo sanitario.

“No se trata sólo de mirar a la víctima; hay que mirar al victimario.” —Graciela Miriam Catalán

Datos públicos y una cifra para recordar

Catalán cita el informe de la OVD: en el segundo trimestre de 2026 se registraron 4.346 denuncias atendidas. El informe discrimina por tipo de violencia, por edad y por medida aplicada; está disponible públicamente para quien quiera consultarlo y entender qué hacen esas oficinas.

Qué puede hacer alguien que escucha esto ahora

Si vos o alguien cercano está en una situación de violencia: no es necesario presentar una denuncia judicial de entrada para pedir ayuda. Llamar al 144 es, muchas veces, el primer paso: contención, información y derivaciones. Si hay riesgo inmediato, 911. Para menores, 102. Guardá esos números en el teléfono; pedí asesoramiento legal gratuito si falta acceso económico; preguntá por los refugios y por el botón antipánico si corresponde.

Catalán insiste en algo que no aparece en todos los reportes: no alcanza con leyes buenas si las oficinas, las líneas y los programas pierden personal o se desfinancian. La información salva vidas; la desinformación deja a las mujeres en la calle con una medida que no se cumple.

Si querés escuchar la conversación completa, la charla con Graciela Catalán entra más en detalle sobre los refugios y casos concretos del día a día en los juzgados. Es una sesión para cualquiera que quiera saber exactamente dónde tocar cuando no queda otra opción.

En vivo te esperamos todos los martes desde las 17hs por GDS Radio TV con la conducción de la psicóloga Carla Guarinoni con la producción, contenidos y difusión de Libros de Papel

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