
Porque existe una paradoja difícil de ignorar. Mientras administraciones públicas, centros educativos y familias intentan fomentar un uso responsable de los dispositivos digitales entre niños y adolescentes, millones de trabajadores siguen sometidos a dinámicas de conexión prácticamente permanente. Y ello pese a que nuestro ordenamiento jurídico, sin duda, protege el derecho a la desconexión digital.
Una anécdota absolutamente personal refleja bien lo que queremos decir. Con mucha frecuencia cuando escriben a horas tardías mis alumnos comienzan sus correos electrónicos con una coletilla que todavía me sorprende: “Perdone por las horas…”. ¿Esperan una respuesta inmediata? Me parece que, si consideran necesario disculparse por escribir a medianoche, de alguna manera, han interiorizado que la comunicación académica o profesional puede producirse a cualquier hora. Y lo peor es que muchas veces lo estamos leyendo a esa hora y les respondemos.
Un problema nuevo y una respuesta jurídica reciente
El derecho a la desconexión aparece en España en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su ubicación merece una reflexión. No se incorporó inicialmente al Estatuto de los Trabajadores ni a la regulación clásica de la jornada laboral. Surge en una norma precisamente concebida para responder a los desafíos jurídicos de la transformación tecnológica. El dato no es menor porque revela cómo percibe el problema el propio legislador.
Tradicionalmente, la protección del descanso exigía limitar la duración del trabajo. Hoy resulta necesario algo más: limitar la capacidad de la tecnología para prolongar indefinidamente la disponibilidad del trabajador. No hablamos únicamente de jornadas excesivas. Hablamos de correos enviados a cualquier hora, grupos de mensajería activos durante fines de semana y vacaciones o expectativas, a veces implícitas y a veces explícitas, de respuesta inmediata fuera del horario laboral.
Los derechos digitales no son nuevos derechos
Una parte importante de la doctrina constitucional ha sostenido que muchos de los llamados derechos digitales son, en realidad, manifestaciones nuevas de derechos ya existentes adaptadas a un contexto tecnológico distinto.
A nuestro juicio, el derecho a la desconexión encaja particularmente bien en esta lógica. Quien reivindica el derecho a no responder un mensaje profesional a las once de la noche no está reclamando un derecho constitucional desconocido. Lo que protege son bienes constitucionales perfectamente identificables: la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 de la Constitución Española), la salud y la integridad física y moral (art. 15 CE), la protección de la familia y de los hijos (art. 39 CE), y por supuesto, el derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso recogida expresamente en el artículo 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La novedad no está en los derechos. La novedad está en las amenazas que pesan sobre ellos. Como ocurre tantas veces en la historia del constitucionalismo, los derechos son sustancialmente los mismos; lo que cambian son las formas del poder capaces de limitarlos.
Durante décadas existió una separación relativamente clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. No porque el derecho la garantizara siempre de manera eficaz, sino porque las limitaciones tecnológicas hacían muy difícil otra cosa. Al terminar la jornada, la capacidad de supervisión del empleador disminuía de forma natural. Pero la revolución digital ha alterado profundamente ese presupuesto.
Lo que Europa lleva años advirtiendo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene construyendo desde hace tiempo una jurisprudencia que, aunque no habla expresamente de desconexión digital, resulta muy reveladora y útil.
En el caso SIMAP, del año 2000, y en el caso Jaeger (2003), el tribunal insistió en que el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso son categorías incompatibles. En otro caso francés de 2005 relacionado con las guardias presenciales, el Tribunal reiteró que la regulación del tiempo de trabajo persigue una protección efectiva de la salud de los trabajadores. Y en Matzak (2018) afirmó que cuando las exigencias impuestas al trabajador limitan significativamente su capacidad para organizar libremente su tiempo, la protección jurídica debe activarse.
Finalmente, en Comisiones Obreras contra Deutsche Bank (2019) –igual que SIMAP, un asunto español–, el tribunal recordó que, sin mecanismos efectivos para controlar el tiempo de trabajo, resulta imposible garantizar realmente el derecho al descanso, lo que se traduce en la obligación empresarial de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
La enseñanza es clara: descansar no consiste solo en dejar de trabajar. Consiste también en poder disponer libremente del propio tiempo.
Y pese a todo, la desconexión digital es excepcional
La verdadera pregunta es por qué, pese a todo ello, la desconexión sigue siendo tan excepcional.
Probablemente porque nos encontramos ante un problema cultural además de jurídico. Hemos interiorizado que la hiperconectividad constituye una exigencia inevitable de la vida profesional (y personal) contemporánea. Ninguna empresa necesita imponer formalmente una obligación de conexión permanente porque, en muchas ocasiones basta algo mucho más eficaz: la expectativa de disponibilidad. Es decir, la idea de que el buen profesional responde siempre, está localizable siempre y permanece atento siempre.
Precisamente por eso, el ámbito laboral ocupa una posición singular. Regular el ocio de los ciudadanos plantea evidentes problemas de libertad personal. En cambio, resulta perfectamente legítimo que el derecho limite determinadas prácticas organizativas dentro de las relaciones laborales para proteger la salud, el descanso o la intimidad personal y familiar –lo que incluye a los hijos–.
El ámbito laboral ofrece, así, un terreno privilegiado para promover hábitos de desconexión sin interferir en las decisiones personales de los ciudadanos. Lo afirmo pensando en ideas como que el correo laboral deje de funcionar.
Dicho de otro modo, allí donde resulta más difícil actuar sobre los comportamientos individuales, sí es posible actuar sobre las estructuras que los incentivan.
El valor ejemplar de la desconexión
El derecho a la desconexión es una de las respuestas jurídicas necesarias al fenómeno de la colonización tecnológica del tiempo personal de adultos y menores. Por eso protege mucho más que el descanso de los trabajadores: puede contribuir también a generar una auténtica ética de la desconexión.
Llevamos años intentando educar a los menores en un uso razonable de la tecnología. Nos preocupa, con razón, su exposición constante a las pantallas y la dificultad para establecer límites. Sin embargo, aceptamos con relativa normalidad esos mismos patrones de comportamiento en el mundo adulto.
Por decirlo sin tapujos: resulta difícil sostener que la conexión permanente es perjudicial para un adolescente y, al mismo tiempo, considerar que constituye una virtud profesional para sus padres. Si aspiramos a construir una sociedad capaz de utilizar la tecnología sin quedar permanentemente subordinada a ella, el ejemplo debe comenzar allí donde el derecho puede actuar con mayor eficacia. Este es un ejemplo.
Y dicho esto, no olvidemos que la mera existencia de una norma no basta. Hay que convertirla en cultura, también.![]()
Tomás Bastarreche Bengoa, Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.


















