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Guillermo Sammartino
La decisión en segunda instancia confirmó el fallo de abril de 2024 que había sido recurrido por la fiscalía, familiares de las víctimas y los acusados por distintos motivos.
La sentencia por la muerte violenta de los dirigentes Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, asesinados frente a miembros de su comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, se leyó en una audiencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali en la ciudad de Pucallpa (noreste) a la que accedió un periodista de la AFP.
Los victimarios son un grupo de cinco madereros ilegales: los hermanos Josimar y Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Euricio Mapes. Ninguno acudió a la lectura del fallo y Mapes fue declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias.
Los cuatro indígenas fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por defender su territorio y denunciar la deforestación, actividad que afecta el ecosistema y la biodiversidad de la zona.
El tribunal encontró «infundado el recurso de apelación contra la sentencia de los acusados y ratifica la condena de 28 años y 3 meses de prisión». La fiscalía había pedido 35 años.
A su vez, la Corte declaró «fundado» el reclamo de los agraviados de incrementar la indemnización, que subió a 100.000 soles (unos 28.000 dólares) para cada familia en lugar de los 50.000 soles asignados en el fallo previo.
«Murieron por defender los bosques, el medio ambiente», señalaron los magistrados que calificaron el crimen de «homicidio calificado con alevosía».
Edwin Chota era una figura pública que se había convertido en referente para grupos ambientales y medios de prensa internacionales por su defensa de los bosques amazónicos.
Según la ONG Global Witness, desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.
Desde hace una década la revista estadounidense Scientific Reports denunció que la política del gobierno peruano para proteger los bosques de la tala ilegal de madera ha provocado de manera indirecta un saqueo de recursos a gran escala.
