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Guillermo SammartinoEl presidente Javier Milei defiende la modificación de la Ley de Glaciares como un paso crucial para atraer inversiones. Espera sancionarla definitivamente este miércoles, luego de que el proyecto fue aprobado por el Senado en febrero.
“Hoy se define el futuro del agua,” expresó Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina. “Los argentinos han expresado en audiencias públicas su completo rechazo a la modificación de la ley,” añadió.
Argentina alberga más de 16,000 glaciares, muchos de los cuales están en el noroeste del país, donde se han reducido un 17% en la última década, principalmente por el cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
La reforma cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que concentran la mayoría de los proyectos de explotación de recursos como el cobre, oro y litio y donde se encuentran importantes glaciares.
Milei argumenta que la enmienda busca eliminar “distorsiones ideológicas y trabas artificiales” que obstaculizan el progreso. “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada,” comentó al anunciar el proyecto.
Los defensores de la reforma aseguran que clarificará criterios que, en la actualidad, son “imprecisos” sobre las áreas protegidas. “Queremos tener seguridad jurídica, definiciones claras,” afirmó Michael Meding, director del proyecto minero Los Azules en San Juan, añadiendo que el sector minero también está “interesado en proteger el medio ambiente.”
El Banco Central proyecta que Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras para 2030.
Los ambientalistas han convocado a una movilización de rechazo frente al Congreso para coincidir con el tratamiento de la ley. “La crisis climática es una realidad que todos enfrentamos. Atentar contra los glaciares solo agravará la situación. No es solo traicionar a los argentinos, sino a la humanidad,” advirtió Salas.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, considera que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y pone en peligro el agua de 70% de los argentinos. Viale concluyó que, bajo la ley actual, un ente científico determina la ubicación de los glaciares, mientras que la nueva norma dejaría esto a la discrecionalidad de cada provincia.
Cuatro relatores de la ONU señalaron que «pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable».
