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Argentina discute su deuda externa como si se tratara de una simple cuenta bancaria, enfocándose en cifras y vencimientos. Pero un Estado no es solo un ente que debe reducir pasivos, también debe garantizar educación, salud, infraestructura y desarrollo. Así se entiende la deuda social, que va más allá de las cifras monetarias: implica un conjunto de derechos cuya falta de cumplimiento genera privaciones y desigualdades.
Antes de 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó un país con serios problemas económicos, desde inflación hasta estancamiento. Sin embargo, también dejó activos importantes, como un sistema universitario robusto y organismos científicos. Este contexto es vital porque al evaluar la deuda, debemos considerar tanto lo que se debe como lo que se ha construido.
Con la llegada de Mauricio Macri, Argentina se abrió a los mercados internacionales. Aunque esto permitió financiar déficits, el país rápidamente perdió acceso a financiamiento habitual y recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, ¿qué beneficios concretos se obtuvieron a cambio de esta deuda? La infraestructura no se transformó proporcionalmente, dejando un saldo negativo en términos de desarrollo. Al cierre de 2019, Argentina no solo enfrentaba mayores obligaciones, sino que también persistía la deuda social.
Alberto Fernández heredó una estructura financiera pesada y un contexto de recesión agravado por la pandemia. Si bien logró refinanciar parte de la deuda, no resolvió las desigualdades estructurales que afectan a la población. La UCA destaca la caída abrupta de ingresos reales y cómo la deuda social continuó en aumento a pesar de la reestructuración financiera.
En 2023, Javier Milei asumió un enfoque radical de ajuste que, si bien logró cierto equilibrio fiscal y una disminución de la inflación, planteó la inquietante pregunta de quién absorbió el costo de esta estabilización. Las políticas de Milei podrían tener efectos duraderos en el bienestar social, lo que hace necesario considerar la calidad de vida de la población en este contexto.
Investigaciones recientes de la UCA sugieren que la reducción de la pobreza atribuida a estadísticas puede ser engañosa sin considerar otros indicadores de bienestar. Una familia puede superar la línea de pobreza pero seguir enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna, atención médica y educación.
El nuevo acuerdo con el FMI en 2025 fue aclamado por algunos como un paso hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, no se debe perder de vista que Argentina sigue dependiendo del FMI, y las consecuencias de esta relación han devaluado la autonomía del país.
La deuda futura se manifiesta en la infraestructura deteriorada y en el capital humano que abandona el país. Invertir en educación, tecnología y salud no es un gasto, sino un activo que debe ser contabilizado para la sostenibilidad del país. Negar esto en la contabilidad pública puede llevar a un futuro incierto.
Argentina debe evaluar su evolución a través de dos balances: el financiero y el social. La deuda financiera es crítica, pero ignorar la deuda social perpetúa un ciclo de pobreza y privaciones. La verdadera pregunta es: ¿qué legamos a las futuras generaciones? La respuesta quizás no se encuentre únicamente en los dólares que debemos, sino en el desarrollo que hemos postergado.
Este artículo busca reflejar una discusión profunda y multidimensional sobre la deuda en Argentina, subrayando la importancia de no solo contar las cifras, sino también de comprender las implicancias sociales de las decisiones financieras.
