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Es una indignación que los europeos comparten a su pesar. En varios países del Viejo Continente resulta complicado encontrar un techo a un precio accesible, sobre todo en las zonas urbanas y, en particular, para los estudiantes y los jóvenes que trabajan.
Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda en la Unión Europea aumentó un 53%. Portugal, por su parte, registró un incremento del 124,4% en ese mismo período. Esta situación se explica, entre otras cosas, por el desajuste entre la oferta y la demanda. En las grandes ciudades, el aumento de los alquileres obliga a los habitantes a tomar decisiones difíciles: destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a la vivienda o alejarse de los centros urbanos.
Según Eurostat, en 2023, el 31% de los griegos destinaba el 40% de sus ingresos al alquiler. Uno de los porcentajes más altos registrados hasta entonces en la Unión Europea.Centros urbanos cada vez menos accesibles
A esta tensión europea se suma la presión del turismo. Estos países comparten un punto en común: sus economías dependen en gran medida del sector turístico. Esto provoca una concentración de alquileres de corta duración en las grandes ciudades y genera competencia entre visitantes y residentes.
Los activistas europeos por el derecho a la vivienda reclaman que se restrinja drásticamente este lucrativo sistema para devolver las viviendas al mercado de alquiler de larga duración. Este fenómeno lleva a los municipios más afectados a prohibir los alquileres de corta duración.
El auge descontrolado de estos alquileres temporarios afecta especialmente a Atenas, donde miles de propietarios retiraron sus inmuebles del mercado tradicional para destinarlos al alquiler de corta duración. En los alrededores de la Acrópolis griega, la mayoría de los departamentos se dedica al turismo, lo que genera una escasez de viviendas de alquiler de larga duración para la población local. Así, la capital griega cuenta con más de 12.000 anuncios activos en la plataforma Airbnb en 2026, un aumento del 26,5% respecto del año pasado.
Más allá de las diferencias entre los reclamos de cada país, las movilizaciones tienen puntos en común. El pasado 3 de octubre, España vivió un punto de inflexión en su historia social. Tras el desalojo, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen Abascal, de 87 años y ya fallecida, los sindicatos de inquilinos llamaron a los españoles a movilizarse.
Esta iniciativa reunió a miles de personas en varias ciudades del país para reclamar una regulación de los alquileres y una mayor protección frente a los desalojos.
Inspirada en los acampes españoles, entre ellos el de la emblemática Puerta del Sol de Madrid, la capital portuguesa, Lisboa, también se moviliza desde el 17 de octubre para denunciar el aumento de los precios inmobiliarios. En la plaza del Rossio, varios cientos de manifestantes durmieron a la intemperie durante la noche del miércoles 21 al jueves 22 de octubre. En esta nueva noche de protesta, los activistas por el derecho a la vivienda optaron por no instalar carpas para desafiar a las fuerzas de seguridad presentes en el lugar y hacer oír su voz. “Me obligaron a salir a la calle para gritar” o “Lisboa no está en venta”, se podía leer al amanecer en los carteles que alzaban frente a las fuerzas de seguridad en la plaza.
En Italia, los jóvenes de Milán, que sufren de lleno la escasez de vivienda, prefirieron instalarse frente a las universidades. Su indignación se concentra principalmente en un escándalo concreto: el uso de los fondos del plan de recuperación europeo (PNRR). Los estudiantes acusan al gobierno de Meloni de haber incumplido sus promesas de construir más viviendas públicas a precios accesibles. En cambio, le reprochan haber financiado residencias estudiantiles privadas.
Esta modalidad de protesta también atrae a los jóvenes griegos. En la noche del 20 de octubre, estudiantes instalaron sus carpas en la plaza Syntagma, frente al Parlamento, en Atenas, y en las calles peatonales de Tesalónica, según la AFP. Estos acampes sirvieron, el miércoles 21 de octubre, como punto de partida para una gran manifestación nacional encabezada, entre otros, por docentes y empleados públicos.
“No será una movilización aislada. Tenemos un plan para continuar con nuestras protestas”, prometió Katia Koubousidou, presidenta de los estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Esa misma semana se realizaron varias movilizaciones para denunciar el aumento del costo de la vivienda.
¿Medidas “a largo plazo” para responder a la crisis?
Ante la indignación de los habitantes, los gobiernos intentan, como pueden, dar respuestas, pero sus estrategias difieren. En España, el gobierno de coalición de izquierda encabezado por Pedro Sánchez está en primera línea. Tras el rechazo en el Parlamento, el 2 de octubre, de las primeras medidas de emergencia destinadas a proteger a los inquilinos, el presidente del gobierno tuvo que convocar elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre.
En Atenas, el gobierno reconoce que los costos de la vivienda ejercían presión sobre los hogares. La ministra de Educación, Sofia Zacharaki, informó a los estudiantes que hay proyectos en marcha por más de 733 millones de euros para construir nuevas residencias estudiantiles y modernizar la infraestructura.
El alto costo de vida, la crisis de la vivienda y la inflación: la ola de reclamos no parece próxima a disminuir, como lo demuestran las nuevas convocatorias a manifestarse en Francia y otros países.
