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El mayor riesgo para la continuidad del Gobierno puede estar en las consecuencias de su propia política. Hay una imagen más reveladora que cualquier planilla del Ministerio de Economía. Una persona en Río Negro necesitaba una prótesis; en los papeles de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad aparecía como entregada, pero un informe oficial remitido a la Justicia sostiene que no llegó. En esos mismos expedientes figuran compras con precios hasta un 1.972% superiores a los pagados por otros organismos por insumos iguales o similares. La investigación de Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi se publicó este domingo y todavía corresponde esclarecer las responsabilidades. Pero la escena ya es políticamente devastadora: mientras a las personas con discapacidad se les exige que acepten la escasez, la administración que predica austeridad debe explicar qué pasó con el dinero y con la prótesis. La pregunta es qué país queda detrás de las cifras que el Gobierno elige mostrar. Hasta agosto informó un superávit financiero cercano al 0,2% del PIB. En julio, la producción de petróleo llegó a 916.200 barriles diarios, un 17,2% más que un año atrás, y en el segundo trimestre minas y canteras creció un 16,4% interanual. Negar esos avances debilitaría la crítica. Presentarlos como una prosperidad compartida sería una falsificación política. Vaca Muerta y muchas de las inversiones que hoy maduran comenzaron antes de esta gestión. Extraer más petróleo no garantiza que una familia pueda comprar alimentos ni que una pyme consiga sostener a sus empleados.
La película de los últimos meses muestra lo que la postal triunfalista oculta. El PIB creció un 2% interanual en el segundo trimestre, pero cayó un 0,6% frente al primero; el consumo privado retrocedió un 2,4% y la inversión fija, un 0,8% en esa comparación. En julio, la actividad bajó un 2,9% respecto de junio y un 1,4% frente a un año atrás. La minería crecía mientras la industria caía un 4,6% y el comercio, un 5,1% interanual. No son cifras de una economía que distribuya bienestar automáticamente. Son señales de un país donde algunos sectores exportadores avanzan mientras se achica el espacio en el que viven, trabajan y compran millones de argentinos. El trabajo revela la fractura con crudeza. La desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre y la subocupación, el 11,5% de la población económicamente activa: personas que tienen una ocupación, pero necesitan trabajar más horas. La informalidad subió del 43,2% al 45% en un año en los aglomerados relevados. El empleo privado registrado perdió 33.300 puestos netos en el primer trimestre, con caídas importantes en industria y comercio. Cuando una estadística dice que alguien está ocupado, puede estar describiendo a una persona que encadena trabajos precarios para llevar comida a su casa. El modelo no puede atribuirse el crecimiento de la producción y desentenderse de la calidad del empleo que genera. Las pymes no son una nota al pie sentimental: son el tejido que transforma inversión en puestos de trabajo, proveedores y actividad en las ciudades. Sin ventas y sin crédito accesible, no pueden contratar por patriotismo. El comercio minorista pyme acumuló una caída real del 2,4% entre enero y agosto, y la Unión Industrial Argentina advirtió sobre empleo, costos y financiamiento. El riesgo no es que mañana deje de salir petróleo: es que siga saliendo en un país que participa cada vez menos de su propia riqueza.
El hambre y la deuda familiar completan la escena. En el primer semestre, la pobreza llegó al 32,3% de las personas y la indigencia al 7,5%, aumentos de 4,1 y 1,2 puntos porcentuales frente al semestre anterior; entre los menores de 14 años, la pobreza alcanzó el 44,5%. El ingreso por persona creció menos que las canastas básicas. En ese contexto, la irregularidad de los créditos bancarios a familias pasó del 9,3% en diciembre de 2025 al 12,9% en julio. Entre proveedores no bancarios, el Banco Central registró una cartera irregular del 26,9% en febrero, 9,7 puntos más que seis meses antes. Las series cubren mercados distintos, pero hablan de la misma presión. Cada tarjeta usada para llenar la heladera adelanta parte del ingreso del mes siguiente, más intereses. No hay orden macroeconómico duradero si el déficit de la vida cotidiana se financia con deuda privada. La deuda golpea especialmente a quienes deberían estar construyendo su futuro. Un relevamiento del Centro de Estudios para la Ciudad, basado en registros del Banco Central y citado por Associated Press, estimó una mora del 37,6% entre los deudores menores de 25 años. La agencia recogió historias de créditos para estudiar y de alimentos comprados en cuotas. Ese porcentaje no describe a todos los jóvenes, pero sí a una porción alarmante de quienes ya ingresaron al circuito del préstamo. Cuando independizarse, viajar a la universidad o llegar a fin de mes empieza con una deuda difícil de pagar, el país está hipotecando el comienzo de la vida adulta. Y está la otra deuda, la que el Estado recibió y la que sigue cargando. El boletín oficial de Finanzas cifra la deuda bruta de la Administración Central en el equivalente a US$ 370.664 millones al cierre de 2023 y US$ 484.917 millones en agosto de 2026. La diferencia entre ambos stocks no equivale a una entrada de dinero nuevo por ese monto: la medición en dólares incorpora cambios de valuación, tipo de cambio y operaciones de refinanciación. Pero deja una verdad incómoda para el relato de la autosuficiencia fiscal: el superávit no libró al país del peso de la deuda. Solo en agosto se pagaron US$ 919 millones equivalentes en intereses y US$ 12.317 millones en capital. Los pasivos heredados condicionan el presente; las decisiones actuales sobre financiamiento y vencimientos comprometen también el futuro. Se les pide a los hogares que ajusten su mesa para sostener un equilibrio que no ha borrado ni las obligaciones viejas ni las nuevas. El deterioro de la ciencia y la tecnología vuelve más pobre la promesa de desarrollo. Según el análisis presupuestario del Grupo EPC-CIICTI, la función Ciencia y Tecnología perdió un 30,2% real en 2024 y un 18% en 2025, y proyectaba otra caída del 13,6% para 2026. La Comisión Nacional de Energía Atómica se encaminaba a una reducción del 18,9% este año y a una pérdida acumulada del 53,4% en tres años. Se trata de cálculos sobre ejecución y presupuesto, pero su consecuencia es fácil de entender: investigadores que se van, equipos que no se renuevan, proyectos que se interrumpen. El país que quiere vender energía, minerales y alimentos con valor agregado está dañando a quienes podrían desarrollar tecnología nuclear, industrial, agropecuaria y sanitaria propia. El sector nuclear condensa la contradicción. El decreto 695/2025 autorizó vender por licitación el 44% de Nucleoeléctrica Argentina y reservar un 5% para un programa de propiedad participada; el Estado conservaría el 51% y, con ello, el control accionario. No se trata, por lo tanto, de la venta total de la empresa. Pero abrir al capital privado una porción relevante de la operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse mientras se recorta la capacidad presupuestaria de la CNEA es una decisión estratégica que merece bastante más que la palabra «modernización». ¿Quién conservará la capacidad técnica, quién decidirá las inversiones y qué perderá la Argentina si convierte décadas de conocimiento público en una oportunidad de negocio para unos pocos? La misma discusión alcanza a las represas del Comahue, cuyas nuevas operadoras privadas tomaron posesión en enero. Una licitación puede tener pliegos, ofertas y adjudicatarios y aun así merecer un escrutinio severo sobre valuación, beneficiarios, obligaciones de inversión y control público. Frente a la sospecha de privatizaciones diseñadas para favorecer a empresarios próximos al poder, la exigencia periodística es concreta: abrir los contratos, explicar quién gana, cuánto paga y quién asume el riesgo, e investigar cada indicio de favoritismo. No hace falta presentar un amaño como hecho judicialmente probado para advertir el peligro de transferir decisiones sobre activos estratégicos sin controles a la altura. En la concesión de la hidrovía hubo, además, cuestionamientos públicos de un competidor por presunto sesgo en la licitación; una denuncia que debe examinarse, sin confundirla con una prueba concluyente. En este escenario, la corrupción y la sospecha de protección institucional resultan explosivas. El exdirector de la Andis Diego Spagnuolo fue procesado, sin condena firme, en una causa por presuntas coimas y asociación ilícita. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtió, al examinar propuestas de nombramientos judiciales, que 29 de 76 personas propuestas no habrían podido ser elegidas según el primer orden de mérito. Esa observación no prueba connivencia entre jueces y Gobierno; exige que los nombramientos y las causas que afectan al poder puedan ser controlados sin zonas oscuras. Una sociedad a la que se le pide soportar privaciones mientras afloran expedientes como el de Andis tiene derecho a exigir respuestas y responsabilidades. Los indicadores de salud ponen vidas detrás de las columnas contables. En 2024, el registro sanitario contó 345 muertes por suicidio entre adolescentes de 10 a 19 años. La cifra es grave, aunque los datos disponibles no permiten llamarla récord histórico ni atribuir esas muertes directamente a la política económica: el suicidio tiene causas múltiples. Un análisis de ISALUD encontró, también para 2024, 17.339 defunciones más entre personas de 75 años o más que en 2023; parte del incremento se observó en enfermedades como neumonía e influenza. Hace falta estudiar tasas por edad, causas y acceso a cuidados antes de adjudicar esas muertes al abandono estatal. Esa investigación no puede postergarse mientras se discuten alimentación, medicamentos, jubilaciones y atención médica de quienes están más expuestos. El superávit de caja no registra todo eso. Si se posterga una prestación legalmente exigible, se deja deteriorar una ruta hasta que el costo recaiga sobre provincias y transportistas, o se vacían laboratorios y universidades que después habrá que reconstruir, el gasto no se evapora: se transfiere a las familias o se cobra más adelante. Cada posible incumplimiento de una obligación requiere una comprobación concreta. También requiere honestidad reconocer que un peso que el Tesoro deja de pagar no siempre representa un ahorro para el país. La austeridad que priva de comida, trabajo, atención médica o conocimiento a millones puede resultar extraordinariamente cara, aunque luzca prolija en una planilla. La amenaza a la continuidad del modelo no tiene que llegar con el nombre de un candidato opositor. Puede nacer dentro del propio modelo: de pymes que cierran y dejan de pagar salarios e impuestos; de hogares cuyos ingresos ya están comprometidos por intereses; de jóvenes que emigran; de caminos y universidades que se deterioran; de comunidades que ven salir recursos sin recibir desarrollo; de una Justicia en la que cada vez menos personas confían. Ese proceso puede erosionar inversión, recaudación, gobernabilidad y apoyo social mucho antes de una elección o de un estallido. La macroeconomía no vive suspendida sobre la sociedad: depende de ella. Por eso la discusión política es quién paga esta estabilidad, quién captura sus beneficios y qué capacidades quedarán cuando haya que sostener el crecimiento. Si el Gobierno insiste en tratar el empleo, la comida, la ciencia y los cuidados como costos prescindibles mientras las familias acumulan deudas y los activos estratégicos pasan a gestión privada, sus éxitos sectoriales pueden volverse una isla en un país exhausto. Si este modelo fracasa, no hará falta buscar primero al culpable en las urnas de 2027. Habrá que mirar las decisiones que hoy están construyendo su límite.
