Una de las principales metas de cualquier sociedad democrática es mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración. Si tenemos como objetivo lograr una sociedad con mayores niveles de libertad e igualdad, debemos avanzar más allá de modelos donde donde la rigidez institucional es el elemento central de las administraciones o donde existen formas de gobierno que conciben la administración como una empresa privada.
En la Antigua Grecia, los valores democráticos se sustentaban en la polis: cada ciudad tenía una asamblea para crear un debate comunitario y aquellas personas que tenían la condición de ciudadanía podían participar en los asuntos públicos.
Esta visión, fundamental para entender el concepto de democracia en el mundo occidental, se basaba en la igualdad (todos los ciudadanos mandaban), la libertad (la regla de la mayoría es la que prevalece para tomar una decisión) y la participación (la deliberación y la votación se hacen cara a cara).
Factores socioeconómicos determinantes como las desigualdades por razón de origen y el desarrollo desigual de los territorios tienen una importante influencia en el debate público, y las administraciones deben estar al tanto de estos aspectos, cuidando la relación con sus ciudadanos y ciudadanas, evitando así cualquier tipo de discriminación.
Las experiencias participativas en entornos urbanos se pueden adaptar a las zonas rurales y a las denominadas ciudades pequeñas y medianas (Small and Medium-Sized Towns, SMST por sus siglas en inglés), impulsando enfoques que nos acerquen al ideal democrático de la polis griega y den voz a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Plataformas participativas en España
Suecia y Noruega llevan años implementando mecanismos de democracia digital con éxito. En el caso de España, en 2024 se empezó a incorporar la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a escala estatal con la consulta ciudadana previa a la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto 2024-2028. La primera plataforma de participación ciudadana llega en el año 2015 en Madrid, con Decide Madrid. Posteriormente, en 2016, Barcelona se suma con Decidim.
Además de ser la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas con las competencias otorgadas por ley, los ayuntamientos han de trabajar y colaborar con el resto de instituciones públicas. A modo de ejemplo, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), creado en el 2001, es una red internacional abierta a todos los municipios, organizaciones y centros de investigación que quieran conocer, intercambiar y aplicar experiencias relacionadas con la democracia participativa.
La creación de nuevas agendas urbanas donde se incluye el trabajo conjunto entre las diferentes escalas de la administración, pero también entre entes del mismo nivel, ha influido en la toma de decisiones públicas. La Agenda 2030 fue una iniciativa de las Naciones Unidas que se creó en 2015 con el fin de hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030.
Por otro lado, la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III de Naciones Unidas, en torno a la cual se organizó una conferencia celebrada en Quito (Ecuador) en 2016, tiene la finalidad de construir una sociedad más sostenible en la que todas las personas partan de una posición de igualdad a la hora de ejercer sus derechos, haciendo efectivo el acceso a los servicios y oportunidades que se ofrecen a escala local.
Es importante recordar, como revela una investigación, que no todas las políticas urbanas son estrictamente políticas locales. Las políticas urbanas se centran en las contradicciones que tienen lugar en las ciudades, abordando temas como la expansión urbana, la movilidad, el acceso a servicios básicos y el impulso de modelos de desarrollo sostenibles con el entorno.
Las políticas locales, sin embargo, se implementan a nivel municipal o de gobierno local, centrándose en las necesidades específicas de una comunidad o de un barrio, como la gestión de residuos, la seguridad ciudadana, la mejora de la calidad de vida de los residentes y la promoción de actividades culturales.
Por lo tanto, muchos problemas que surgen a nivel local pueden abordarse de forma más efectiva mediante acciones coordinadas desde niveles superiores de la administración, es decir, a través de la cooperación.
Los 4 objetivos de los nuevos modelos urbanos
Desde el Instituto de Salud Global de Barcelona se apuesta por que los nuevos modelos urbanos se deben implementar basándose en cuatro objetivos:
Una ciudad compacta que reduzca los niveles de CO₂.
Supermanzanas que garanticen la implementación de políticas urbanísticas verdes para reducir la contaminación acústica y atmosférica.
Ciudad a 15 minutos, donde toda la ciudadanía tenga los servicios básicos a un mínimo de 15 minutos a pie.
Ciudad sin coches, donde es clave la mejora en la cantidad y la calidad del transporte público.
A modo de ejemplo, ciudades evaluadas con los mejores sistemas de transporte público como Singapur, París y Madrid nos plantean objetivos de trabajo por el bien común que, sin duda, supondrán un beneficio para los ciudadanos que residen en estas zonas urbanas y cuyas experiencias servirán para diseñar políticas públicas enfocadas a mejorar las precarias redes de transporte público en las zonas rurales.
El trabajo por una administración local más democrática (especialmente a nivel municipal) es clave para conseguir un Estado social y democrático de derecho tal y como estipulan la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
José María García Martínez, Profesor de Sociología, Universidad de Murcia y Laia Màrquez Muñoz, Investigadora en participación ciudadana, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
