Guillermo Sammartino
El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una propuesta que contaba con el respaldo unánime de todos los gobernadores y había sido aprobada en el Congreso. Esta decisión marca un importante punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y los líderes provinciales, generando preocupación en diversas regiones.
La normativa, que había sido respaldada en ambas cámaras legislativas tras un acuerdo entre los 24 distritos, no se implementará por disposición del Ejecutivo. El veto ha suscitado cautela entre los gobernadores, especialmente en el bloque de Provincias Unidas, quienes habían solicitado evitar esta medida. En su argumentación, el decreto presidencial sostiene que la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN, señalando que estos no forman parte de la "masa coparticipable de distribución automática", sino que son un instrumento "extraordinario y de aplicación discrecional". Esto permite al Estado Nacional responder a contingencias críticas e imprevistas, como la asistencia a provincias durante la pandemia de COVID-19 y las emergencias hídricas y económicas proyectadas para 2024 y 2025.
El gobierno subraya que limitar esta herramienta de acción rápida representa un "menoscabo concreto" a las capacidades del Estado. Además, enfatiza que la solución al problema del reparto fiscal no radica en medidas parciales, sino en un consenso amplio y duradero. Por último, el documento reitera que el veto es una facultad constitucional del Presidente, necesaria para prevenir que una ley destinada a financiar gastos corrientes de las provincias pueda entrar en vigencia.
Los ATN: Fondos que apoyan a las provincias
¿Qué son los ATN?
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) juega un papel crucial en la Ley de Coparticipación Federal, destinado a atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. Según la legislación vigente, del total de impuestos coparticipables, se destinado el 42,34% al Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el restante 1% se reserva para los ATN.
Estos fondos son clasificados como transferencias no automáticas o “discrecionales”, lo que significa que el Ejecutivo nacional tiene la potestad de decidir su distribución sin criterios establecidos previamente. Sin embargo, la reciente iniciativa aprobada por el Congreso propone un cambio significativo: los ATN deberían coparticiparse de manera automática y diaria, similar a otros fondos, integrándose por completo a la masa coparticipable.
De acuerdo con el último informe de la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025, la Nación ha transferido $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, lo que representa casi un 70% más que en todo 2024. Similar a gestiones anteriores, estos recursos se han girado de manera discrecional. La nueva ley busca cambiar esta lógica, garantizando previsibilidad y regularidad en la distribución de fondos, elementos esenciales para el fortalecimiento de las finanzas provinciales.
En paralelo, el Gobierno evalúa cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Entre las opciones están judicializar la normativa o reglamentarla de forma que su aplicación quede neutralizada, mientras se gestionan las repercusiones políticas de ambas decisiones.
