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No estamos ante un mero ajuste técnico, sino ante una transformación profunda de las reglas que organizan la vida cotidiana. Cuando estas reglas cambian, también lo hacen las condiciones en las que las personas viven, descansan, se angustian y proyectan su futuro. Lo que está en juego no es solo el salario, sino los soportes materiales y simbólicos imprescindibles para una vida digna.
La reforma no se limita a modificar artículos; convierte la incertidumbre en norma. Al facilitar el despido, extender el período de prueba y debilitar la estabilidad del vínculo laboral, incluso bajo la figura de “colaborador”, transforma la inseguridad en una condición estructural del trabajo.
Hablamos de más que simple estrés laboral; hablamos de desestabilización biográfica. Cuando la continuidad del empleo ya no está garantizada, se erosiona la capacidad de planificar y construir una identidad vinculada al trabajo.
La evidencia sobre el impacto de la precarización es clara: la inseguridad prolongada se asocia con ansiedad, alteraciones del sueño y desgaste emocional. No es una cuestión de debilidad individual, sino que la amenaza constante deteriora los anclajes que sostienen la estabilidad subjetiva.
El banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones se presentan como “flexibilidad”. En realidad, implican la subordinación del tiempo de vida a la lógica productiva. El descanso es esencial para la recuperación; cuando se fragmenta, se pierde la oportunidad real de desconexión, haciendo que el cansancio se acumule.
La reforma también afecta al tejido colectivo. Las restricciones al derecho de huelga y la acción sindical no solo modifican relaciones laborales, sino que debilitan redes de apoyo esenciales contra el abuso y la sobreexigencia. El respaldo entre pares es crucial para amortiguar el estrés; cuando se erosiona, cada individuo queda más expuesto a relaciones de poder desiguales.
La narrativa del mérito como solución universal se instala con la premisa de que el esfuerzo personal puede llevar al éxito. Pero cuando el esfuerzo no es suficiente, la culpa se desplaza hacia el individuo, privatizando el conflicto político y erosionando el sentido de pertenencia.
El retroceso en los derechos laborales ocurre en un contexto de reducción de políticas sociales, donde el sistema público de salud ya está tensionado. Cuando la inestabilidad laboral se suma al desinterés estatal, el mensaje es claro: cada quien debe enfrentar sus desafíos solo. Este desamparo no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia estructural de decisiones políticas que desdibujan la responsabilidad colectiva.
No hay una macroeconomía sostenible con trabajadores agotados, aislados y culpabilizados. La salud mental es un derecho, y la reforma laboral no puede ser vista sin considerar sus efectos sobre las condiciones de vida.
Reducir protecciones, fragmentar el tiempo, debilitar la acción colectiva y fomentar la responsabilización individual afecta la forma en que las personas experimentan seguridad, identidad y futuro. Cuando se instala el miedo y se privatiza el fracaso, estamos ante una manera de organizar la vida social que incrementa el sufrimiento psíquico.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado no puede ser un actor neutral; tiene la responsabilidad de garantizar condiciones que permitan una vida digna y psíquicamente sostenible. Avanzar en reformas que erosionan esos soportes amplía desigualdades y causa sufrimiento evitable. La salud mental no es una variable de ajuste: es un derecho humano fundamental.
Por Jaschele Burijovich del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos para La tinta.
