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La defensa de los bienes comunes en Argentina se encuentra en una encrucijada crítica. Agua, litio, datos y salud son recursos amenazados por un sistema diseñado para despojarlos, debilitando su protección jurídica y trasladando su valor al capital privado. Este fenómeno se manifiesta de manera visible en Argentina, donde el debate en torno a la Ley de Glaciares se ha convertido en un termómetro regional de estas tensiones.
Lo acontecido en los Andes argentinos, con el intento de abrir la frontera minera para maximizar la rentabilidad corporativa, apunta a una reorganización territorial que prioriza el lucro sobre la vida. Este modelo de escasez estructural se sustenta en la premisa de crear carencia en el ámbito público, habilitando así la apropiación privada de recursos colectivos. En Buenos Aires, la movilización ciudadana se intensifica, con más de 100.000 inscriptos para las audiencias legislativas. Sin embargo, el Senado otorgó media sanción el 27 de febrero a una reforma que limita la protección de áreas con “función hídrica específica”, beneficiando a provincias como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.
El intento de frenar esta reforma ha llegado a los tribunales; sin embargo, la Justicia desestimó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, argumentando que los inscriptos tienen otras vías para participar en el proceso. La batalla aún persiste en Diputados, pero la estrategia ya se ha delineado en el piso 15 de la torre de JPMorgan Chase en Nueva York, donde ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals manifestaron que la protección de áreas periglaciares representa un obstáculo para sus intereses comerciales.
El panel fue moderado por Daniel González Casartelli, ex CEO de YPF y miembro del directorio de Adecoagro, empresa constituida en Luxemburgo: el mismo funcionario llamado a regular la actividad minera participó así en un foro financiero junto a corporaciones que presionan para flexibilizar la legislación ambiental. Los glaciares son infraestructura hídrica: regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas. Su destrucción no es efecto colateral del progreso sino el resultado directo de un modelo que antepone la renta corporativa a la vida. Poblaciones indígenas y campesinas de la Puna, la Cordillera y la Patagonia sufren primero la escasez de agua provocada por la minería periglaciar. El cianuro y los químicos de lixiviación dejan impactos irreversibles. Esa es la química del despojo.
Del hielo a los servidores: la soberanía que nadie nombra
Glaciares, litio, datos y salud están unidos por una lógica de despojo que atraviesa recursos, información y cuerpos, y que concentra poder y valor en pocas manos. El litio, denominado el oro blanco del siglo XXI, concentra esta tensión con especial claridad. En el triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile se encuentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral, indispensable para la transición energética global. La extracción masiva en salares altiplánicos —ecosistemas frágiles, vinculados a acuíferos profundos— genera una presión hídrica sin precedentes sobre comunidades que ya enfrentan escasez. La transición verde del Norte Global se financia con la desposesión hídrica y territorial del Sur. Bolivia nacionalizó el litio vía Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), reorientando renta hacia el Estado e industrialización soberana. Un proyecto que, aunque enfrenta serias dificultades técnicas y financieras, interpela a la región: ¿se puede recuperar la renta de bienes comunes sin reproducir la lógica extractiva que los destruye?
El control de las infraestructuras digitales representa una dimensión invisible del despojo en Latinoamérica. Los datos ambientales que monitorean el retroceso de glaciares, los mapas de reservas de litio y las historias clínicas de millones de personas no circulan a través de un éter neutral. En su lugar, se almacenan y procesan en servidores de Amazon, Google y Microsoft, fuera del alcance regulatorio de cualquier Estado latinoamericano. Esta situación revela una nueva realidad: así como se extrae litio sin dejar el agua, se extraen datos estratégicos sin necesidad de moverlos físicamente, pero su gobernanza y su valor quedan en manos extranjeras. Quien controla esta información decide, en última instancia, qué se sabe, qué se explota y qué cuerpos se atienden.
La crisis sanitaria en América Latina refleja una transformación estructural que convierte los derechos sociales en mercancías. Esta dinámica, impulsada por una lógica neoliberal, desplaza progresivamente el costo de la atención hacia la población, generando una desposesión sistemática de valor social que afecta los sistemas de salud. La plusvalía sanitaria se traduce en que el valor creado en el sector público no se reinvierte en él, sino que se canaliza hacia circuitos privados de acumulación. Los laboratorios mantienen precios inaccesibles, las aseguradoras lucran con la intermediación y las empresas tercerizadoras ofrecen servicios esenciales a bajo costo para cobrar más al Estado.
El caso de Argentina ilustra de manera clara esta problemática. Con el DNU 70/23, se implementaron programas desfinanciados, interrumpiendo el suministro de medicamentos esenciales y favoreciendo a operadores privados. Este no fue un simple ajuste de emergencia, sino una transferencia planificada de valor público al privado. La escasez de recursos se convierte en una narrativa normalizada: “no hay turnos”, “no hay insumos” y “no hay presupuesto”. Este discurso alimenta la percepción de que el Estado es incapaz de garantizar el derecho a la salud, empujando a sectores hacia soluciones privadas que, en realidad, son inaccesibles para la mayoría. Así, la marginalización del sistema público deja a muchos en una auténtica intemperie sanitaria.
El desafío actual es revertir las fragmentaciones impuestas por el neoliberalismo: restituir la salud como bien público, proteger los glaciares como reservas estratégicas, garantizar el agua como derecho inalienable y reivindicar el territorio como espacio vital. La lucha es una, pues el despojo opera en múltiples frentes: desde la falta de medicamentos hasta la contaminación de ríos y suelos. Recuperar la plusvalía —sanitaria, hídrica, territorial y tecnológica— y destinarla a un proyecto colectivo es la tarea central de nuestra época. No habrá verdadera transición sin justicia. El tiempo presente demanda una voluntad política decidida a redistribuir poder, recursos y asegurar condiciones dignas de existencia para todos.
A.G.
