Una jueza estadounidense bloqueó el viernes de manera temporal la decisión del gobierno de Donald Trump de impedir que la Universidad de Harvard matricule y acoja a estudiantes extranjeros, por considerar la medida inconstitucional.
Mundo23 de mayo de 2025
Guillermo Sammartino
El jueves, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la potestad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución.
Pero Harvard presentó una demanda en contra de la medida y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió el viernes «a la administración Trump implementar (…) la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)».
La decisión gubernamental ha quedado suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo.
Más de un cuarto de los alumnos de Harvard son extranjeros.
Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones. Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.
Su gobierno ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiación gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a una investigadora de la Facultad de Medicina de esa universidad.
Este es «el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes», afirmó la universidad en su demanda.
Harvard pedía a la justicia «detener la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno».
La pérdida de estudiantes extranjeros podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales de matrícula.
– «Jueza comunista» –
El subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, cuestionó la decisión de la jueza federal.
Al conceder una pausa temporal, «una jueza comunista ha creado un derecho constitucional para que extranjeros (…) sean admitidos en universidades estadounidenses financiadas con dólares de los impuestos estadounidenses».
El veto se dio mediante la revocación a Harvard de la certificación del programa SEVIS, que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.
La revocación impediría a la universidad recibir a estudiantes internacionales con visados de no inmigrante F o J para el curso académico 2025-2026.
El presidente de Harvard, Alan Garber, condenó el viernes la «acción ilegal e injustificada» del gobierno de Trump.
«Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como advertencia para innumerables personas de universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños», señaló.
La secretaria de Seguridad Interior de Trump dijo el jueves que el gobierno «responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus».
Los estudiantes chinos representan más de una quinta parte de la matrícula internacional de Harvard, según cifras de la universidad, y Pekín afirmó que la decisión «solo dañará la imagen y la posición internacional de Estados Unidos».
«La parte china se ha opuesto sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa», declaró la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.
Karl Molden, un austríaco que estudia en Harvard, afirmó haber solicitado su traslado a Oxford, en Reino Unido, por temor a las medidas del gobierno estadounidense.
«Da miedo y es triste», declaró a la AFP el jueves este estudiante de 21 años de literatura clásica, quien calificó su admisión en Harvard como el «mayor privilegio» de su vida.
Los líderes de la sección de Harvard de la Asociación de Profesores Universitarios calificaron la decisión de Trump como «la última de una serie de medidas abiertamente autoritarias y de represalias contra la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos».
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