Organizaciones ambientales demandan ante la Corte Suprema al gobierno por el daño ambiental del Canal de la Patria

Buenos Aires, 03 de julio de 2025 - Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron el pasado mes de junio una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional por el grave daño ambiental de incidencia colectiva que produce la obra pública Nuevo Canal de la Patria. La acción busca que se tomen medidas urgentes y efectivas para corregir los impactos devastadores de esta infraestructura.

Una trampa mortal para la fauna

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, convirtiéndose en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir, muriendo ahogados. Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los mismos no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños. Esto es especialmente crítico, dado que la obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental. Además, particularmente, Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27.9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos. De esta forma, las especies ya presionadas por este grave contexto ahora encuentran otra amenaza para su subsistencia.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el  Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa. Entre las especies afectadas se encuentran el Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla, Vulnerable), la Tortuga Terrestre Argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la Corzuela Parda (Subulo gouazoubira), el Pecarí de Collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la Mulita (Dasypus hybridus), el Oso Melero (Tamandua tetradactyla) y el Mataco Bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o con tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local. Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba.

 Un factor de alta preocupación es la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las poblaciones que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

 Las organizaciones demandantes han agotado todas las vías para que los organismos responsables adopten medidas correctivas, actuándose de manera escasa e ineficaz después de que los animales comenzarán a morir en grandes cantidades.

En qué consiste la demanda judicial

Dada la falta de respuestas efectivas, incluso luego de la Resolución N° 53/24 emitida por la Defensoría del Pueblo de la Nación el 13 de diciembre del año 2024 intimando al gobierno nacional y provincial para que adopten medidas correctivas y de mitigación sobre esta infraestructura, se ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia. La demanda cuenta con el apoyo de numerosos informes científicos respaldados por expertos de prestigiosas instituciones e investigadores del país, como la FCEN-UBA, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Comahue, el CONICET, entre otras instituciones.

Mediante la demanda se solicita la implementación por parte del Gobierno Nacional y Provincial de un Plan de Recomposición del ambiente afectado por el Canal de la Patria, que incluya:

Monitoreo para detectar muertes de animales, lugares, especies y el estado de potabilidad del agua.
Zonificación mediante la elaboración de un mapa general de la obra, identificando tramos para entubamiento y posibles bebederos.
La proyección de obras de mitigación y los plazos mediante un plan de trabajo para su ejecución.
Elaboración de un plan de gestión ambiental integral que permita evaluar el avance de las medidas de mitigación, sus resultados y adoptar correcciones necesarias.
Esta acción busca que se tomen medidas de mitigación que, sin afectar su funcionalidad en relación al abastecimiento de agua, eviten la extinción de especies amenazadas. La expectativa es que la Corte impulse soluciones permanentes con respaldo técnico y científico, logrando un antecedente positivo para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Argentina.

 “La demanda por daño ambiental se funda en una obra pública que ha sido mal diseñada (nunca se tuvo en cuenta los efectos graves que produce sobre los animales y la biodiversidad) y luego de construida nunca fue monitoreada ni corregida. El daño ambiental según nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 genera la obligación prioritaria de recomponer, y el mismo se define como alteración negativa y relevante -las numerosas muertes de animales comportan ello- de la biodiversidad conforme art. 27 Ley 25675 general del ambiente. El modelo de desarrollo sostenible que es el programa ambiental constitucional obliga a armonizar el desarrollo humano con la protección del ambiente y el Canal de la Patria es un buen ejemplo de esto: el canal debe existir porque sirve para el desarrollo de la región del Chaco Seco, pero debe existir sin comprometer la biodiversidad de esa ecorregión” expresó José Esain, abogado patrocinante de las organizaciones que llevan adelante la demanda.

Manuel Jaramilllo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El acceso al agua segura, asequible y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo el consumo, la higiene personal y la preparación de alimentos es reconocido como un derecho humano fundamental por la ONU y la legislación internacional. Por ello es relevante que el estado nacional y provincial desarrollen infraestructura acorde para satisfacer este derecho. No obstante, la misma no puede realizarse sin el adecuado cuidado ambiental que permita la libre circulación de fauna nativa, de especies amenazadas y la seguridad de animales de granja y domésticos. La calidad bromatológica del agua y la conservación de la naturaleza deben ser consideradas en el desarrollo de obras de infraestructura y en los estudios de impacto ambiental y mitigación que de ellas deriven. Hoy, ante la la falta de respuesta a los diversos pedidos realizados a la autoridad provincial de aplicación, pedimos a la Corte Suprema, que dictamine sobre la necesidad de la obra llamada Canal de la Patria, que en realidad es el Canal de la Infamia".

Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN. “El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas. Esta obra fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña. Desde FARN creemos que el desarrollo puede y debe ser compatible con la conservación. Urge rediseñar esta infraestructura para garantizar el acceso al agua —como derecho humano fundamental— sin destruir la vida que depende de estos ecosistemas.”

 Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas. “Nuestra organización está completamente alineada con el objetivo social del canal, que es de importancia para el bienestar de las comunidades locales; sin embargo, la forma en que fue construido genera un grave perjuicio ambiental, convirtiéndose en una trampa mortal para la fauna de la región, tanto silvestre como doméstica, lo que también podría estar afectando la calidad del agua".