Una treintena de periodistas medioambientales asesinados en 10 años, y las amenazas siguen

«Con motivo de la COP30, que se inaugurará el próximo 10 de noviembre en Belém (Brasil), RSF hace un llamamiento a los Estados para que la defensa de la información medioambiental fiable y de los periodistas que la cubren sea un eje crucial de la lucha contra el cambio climático», ha señalado la organización en un comunicado.

Limitaciones para acceder a determinados territorios, agresiones, demandas o detenciones arbitrarias son algunas de las trabas que encuentran los periodistas por cubrir temas relacionados con los recursos naturales, su explotación o su protección.

Entre los 30 informadores mencionados hay nueve iberoamericanos, la región, junto con Asia, en la que el informe de RSF recopila más casos.

Entre ellos figura el colombiano Jaime Vásquez, asesinado en 2024 en Cúcuta tras denunciar el desvío de fondos públicos y abordar cuestiones sociales como el acceso al agua y a la atención médica. Vivía con escolta desde 2022.

Otro caso mencionado se refiere al chileno Matías Rojas, especializado en investigaciones sobre corrupción local y conflictos socioambientales relacionados con la extracción de grava, y cuyo vehículo fue incendiado.

También se recogen las amenazas, presiones y campañas de desprestigio sufridas por los brasileños Marcos Wesley, Katia Brasil y Eliane Brum por informar sobre los derechos de las comunidades locales frente a la deforestación o por dar voz a los pueblos indígenas.

El ecuatoriano Franklin Vega y el guatemalteco Ernesto Choc fueron objeto de acusaciones falsas, la salvadoreña Carolina Amaya padeció acciones judiciales (su padre también fue amenazado) por un reportaje que vinculaba al entorno del presidente Nayib Bukele con la destrucción de un ecosistema y el peruano Manuel Calloquispe, especializado en la minería ilegal en la amazonia, recibió amenazas de muerte y ha padecido saqueos y agresiones físicas.

Además de Jaime Vásquez, otro reportero asesinado en los últimos meses fue el camboyano Chhoeung Chheng, disparado mientras investigaba un caso de deforestación ilegal.

También en Europa

En Europa, el informe cita el ciberacoso sufrido por la ucraniana Olena Mudra por investigar una obra de ingeniería hidráulica; las demandas, amenazas de muerte y allanamiento de morada padecidas por la francesa Inès Léraud por sus informaciones sobre la industria alimentaria; la multa impuesta a la búlgara Venelina Popova en relación con su investigación sobre una inicineradora; y las trabas encontradas por la eslovaca Marian Koren en sus trabajos sobre temas agrícolas.

«Estas valientes voces, portadoras de información de calidad, son indispensables para denunciar la contaminación, la deforestación, las expropiaciones ilegales o los estragos causados por la minería», ha expresado Anne Bocandé, directora editorial de RSF.

«Son esas voces que, a pesar de las intimidaciones y la violencia, permiten que el mundo conozca la verdad sobre la crisis climática. A pocos días de la apertura de la COP30, es más que urgente que nunca que los Estados se comprometan con la integridad de la información y la protección de los periodistas», ha destacado. EFE