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El miércoles, la CIJ señaló que el cambio climático es una «amenaza urgente y existencial» y que los países tenían un deber legal, según el derecho internacional, para evitar daños por la contaminación.
El fallo «confirma la inmensidad del desafío que enfrentamos y la importancia de la acción climática y el acuerdo de París», dijo Anna-Kaisa Itkonen, una portavoz de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.
«También reafirma la necesidad de tomar medidas colectivas y ambiciosas», agregó.
Itkonen añadió que la Comisión estaba «investigando los detalles» de lo que implicaba el fallo de la CIJ.
El tribunal concluyó por unanimidad que la «violación» de las obligaciones climáticas por parte de un Estado constituye «un acto internacional ilícito», susceptible de dar lugar a indemnizaciones a los países afectados, en determinadas condiciones y según cada caso.
El dictamen de la más alta instancia judicial de la ONU no es vinculante, pero constituye una interpretación jurídica sólida para guiar futuras acciones o decisiones de todo el mundo en términos de justicia climática.
El caso ante la CIJ enfrentó a las principales economías ricas contra los estados más pequeños y menos desarrollados, que son los más vulnerables al calentamiento global.
Más de 100 naciones y grupos presentaron sus argumentos, muchos de ellos provenientes del Pacífico.
