La soberanía energética Argentina o la entrega del país a Estados Unidos

Soberanía energética Aldo Villavicencio, técnico químico especialista en energía nuclear, escritor y docente.

En agosto de 1950, se creó ENDE (Empresas Nacionales de Energía), un organismo destinado a integrar y coordinar las distintas entidades energéticas. Con este movimiento, se consolidó aún más el control de la nación sobre sus recursos, y se sentaron las bases para un modelo que priorizaba el bienestar social y la industrialización. El propio Perón subrayó la necesidad de ofrecer "energía barata" como un requisito esencial para una industrialización exitosa. En un discurso de principios de 1949, enfatizó: "Mientras no tengamos la energía hidroeléctrica... no hay solución económica posible". Esta visión estratégica sigue siendo relevante hoy en día.

Argentina enfrenta una encrucijada energética: los imperativos de energía asequible y la soberanía energética se presentan como urgencias ineludibles. En años recientes, el país ha sufrido una transformación significativa, pasando de ser un exportador de hidrocarburos a un importador, un cambio acelerado por la falta de inversión en la investigación de nuevos yacimientos. Los recursos actualmente en explotación fueron, en su mayoría, descubiertos durante la época en que la industria energética estaba bajo control del Estado, lo que genera tensiones sobre el futuro de la soberanía energética argentina.

El Decreto 695/2025 parece ignorar olímpicamente la Ley 24804 – Ley Nacional de la Actividad Nuclear, una norma de orden público que constituye el régimen jurídico específico e inderogable para el sector. Bajo el principio elemental de que “lex specialis derogat generali” (la ley especial deroga a la general), esta ley establece condiciones muy precisas que cualquier intento de privatización debe respetar. Condiciones que el decreto viola de manera flagrante

Hay que establecer las bases para un crecimiento sostenible y equitativo, representando una oportunidad para superar las adversidades del capitalismo argentino, donde la explotación de recursos naturales ha estado dominada por monopolios y capitales extranjeros.

La ley exige, por ejemplo, que NA-SA se privatice como una “unidad productiva indivisible” (Art. 34). Un principio que salta por los aires si, en la práctica, se fragmenta su capacidad productiva y se paralizan proyectos emblemáticos de desarrollo tecnológico soberano, como el reactor CAREM. Establece, además, un mecanismo de control inderogable (Art. 35): el Estado nacional debe “mantener hasta un veinte por ciento (20%) de su capital y una (1) acción como mínimo”, con un derecho a veto ineludible para las decisiones estratégicas. Vender el 44% del paquete accionario vacía de contenido esta “llave de soberanía”, cediendo el control efectivo. Y dispone taxativamente (Art. 39) que los procesos de privatización del sector nuclear “se regirán por (…) lo dispuesto en esta ley”, no por decretos basados en legislación general.

El camino hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable exige la construcción de una matriz energética soberana, que permita a los argentinos decidir sobre la explotación de sus propios recursos. La interrogante esencial no sólo radica en cómo generar energía, sino también en cuál debe ser la prioridad: el bienestar social, la equidad económica, la soberanía y el respeto por el medio ambiente.

Nucleoeléctrica demuestra que Argentina puede generar energía segura, rentable y con tecnología propia, mientras sostiene un entramado científico-industrial que ningún otro país de la región posee. Argentina domina todas las etapas del ciclo de combustible nuclear con fines pacíficos, un privilegio raro en el mundo. Defender NA-SA no es un capricho político: es defender la ley, el trabajo, el desarrollo, la tecnología y la soberanía del país.

Estos retos no son simples ni triviales. Se desarrollan en un ambiente cargado de tensiones políticas y económicas, pero el objetivo sigue siendo claro: lograr la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo argentino. La creación de una matriz energética diversificada y soberana se visiona como un paso hacia no solo el desarrollo económico, sino también hacia una identidad nacional más sólida y autogestionada. En este marco, el verdadero desafío reside en la capacidad del pueblo argentino para organizarse, participar y establecer un modelo que favorezca sus intereses colectivos.